De la redacción de INFORME DIGITAL
Un joven empresario entrerriano fue detenido y procesado en el marco de una investigación federal que indaga una presunta asociación dedicada al contrabando de metales (principalmente cobre y bronce) y al blanqueo de las sumas obtenidas. La causa está radicada en los tribunales federales de San Isidro y fue impulsada por el fiscal Fernando Domínguez.
Qué se investiga
La investigación, que se originó a partir de una causa mayor vinculada a operaciones con cuevas financieras y criptoactivos, apunta a una maniobra que habría consistido en extraer materiales ferrosos del país y comercializarlos en el exterior, para luego canalizar los pagos a través de cuentas en Hong Kong y China y convertir esos fondos en efectivo o criptoactivos. Las autoridades describen un circuito integrado por empresas, casas de cambio y “empresas pesificadoras” que habrían permitido la triangulación de los recursos.
Detenidos e imputados
Según el expediente y las fuentes oficiales citadas por la causa, entre los imputados y detenidos figuran:
- Franco Sebastián Ludi, 26 años —identificado como empresario paranaense y vinculado a empresas dedicadas al reciclaje de chatarra (Recicladora del Paraná; Gestiones F&N S.A.S.). La justicia le imputa roles relacionados con la recepción y distribución de fondos dentro de la operatoria.
- Cristian Daniel Álvarez.
- Juan Carlos Russillo.
- Cristian Víctor González.
- Jorge David Vargas.
- Leandro Di Nunzio.
- Claudio Gabriel Umaño.
- María Rosa Stella.
- Huaying Chen Zhu (ciudadana de nacionalidad china), imputada por violaciones al régimen cambiario y por lavado de activos.
Las fuentes judiciales y las notas oficiales indican que, en total, fueron detenidas nueve personas en distintos procedimientos y que hay funcionarios y agentes de seguridad bajo investigación por supuesta colaboración u omisión.
Allanamientos y secuestros
La jueza federal a cargo de las medidas fue Sandra Arroyo Salgado (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro). Por orden judicial se realizaron múltiples allanamientos —en la Ciudad de Buenos Aires y en localidades del conurbano y otras provincias— que incluyeron galpones, domicilios y oficinas. En una de las viviendas allanadas, a “uno de los implicados”, se le incautaron 4.000.000 de dólares en efectivo; además, en el conjunto de los operativos se secuestraron 4.495.419 dólares, 473.722.770 pesos, 124.585 euros, 76.042 reales y 44.090 USDT (criptoactivos), así como vehículos, armas, equipos informáticos y documentación.
Situación procesal y medidas cautelares
La jueza dictó el procesamiento del joven empresario y trabó embargos sobre bienes por un monto que, según la resolución consultada, asciende a 5.000 millones de pesos en relación con las maniobras atribuidas. El fiscal del caso es Fernando Domínguez, de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro. Las defensas de los imputados preservan el derecho a recurrir y a plantear su estrategia procesal.
Datos de la operatoria atribuidos en la causa
- El expediente reúne escuchas, movimientos bancarios, constancias de operaciones con criptoactivos (se mencionan miles de operaciones y montos millonarios en USDT) y documentación que, según la investigación, describiría la cadena de pago desde exportadores informales hacia cuentas en el exterior y su posterior liquidación en efectivo en la Argentina.
- La Unidad Contable Forense que intervino en el expediente advirtió discrepancias entre la categoría fiscal (monotributo de baja facturación en el caso de alguno de los acusados) y las acreditaciones bancarias y gastos declarados, lo que motivó análisis patrimoniales incluidos en el legajo.
Estado actual
La causa continúa su curso: la investigación mantiene secreto de sumario en partes del expediente y la justicia no descartó nuevas medidas (allanamientos, detenciones o indagatorias) a partir del análisis de la prueba digital y financiera. Las fuentes judiciales señalan que el proceso busca tanto individualizar la responsabilidad penal de cada imputado como rastrear el destino final de los fondos.
