El decreto 873 del Poder Ejecutivo de marzo último autorizó a la Fiscalía de Estado “a allanarse parcialmente a la demanda promovida” y a celebrar un convenio de pago “de capital e intereses” por $ 146.000, más otros 47.208,88 por daños y perjuicios.
El 29 de mayo de 1995 Orlando Ubaldo Capotosti celebró un contrato de alquiler con el Gobierno de la Provincia de un inmueble ubicado en calle 25 de Mayo al 500 destinado a la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, Economía Regionales y Recursos Naturales, y entonces se pactó el pago de un alquiler mensual de $ 2.500.
Pero a los tres años la relación contractual se cortó de la peor manera. Y “ante la falta de pago de alquileres, tasas e impuestos y la no restitución en legal forma”, según los detalles del entredicho que constan en el texto del decreto 873, se promovió contra el Estado Provincial una acción judicial ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 6, en la que Capotosti consiguió sentencia favorable.Pero la cuestión no pudo resolverse. Si bien el propietario del inmueble recibió las llaves en el mes de mayo de 2002, “al acceder al inmueble junto al escribano Roberto E. Vallana, por él propuesto, y los representantes del Estado Provincial, se constató que el inmueble continuaba ocupado con documentación oficial”, dice el texto de la norma.
Otro reclamo
La permanencia de la repartición pública en una propiedad de dominio privado sin que hubiera de por medio un contrato de ocupación dio origen a otro reclamo. El dueño planteó un resarcimiento de $ 106.786 en concepto de pérdidas, intereses y lucro cesante.
La justificación para ese pedido es el hecho “de haberse visto privado del uso del inmueble, reclamando por este motivo el equivalente de los alquileres de los que fue privado desde el mes de junio de 2002 al 16 de septiembre de 2005, fecha en la que se desocupó el inmueble, recibiendo el mismo libre de ocupantes”. Pero a esa cifra suma otra, por un total de $ 47.208,88, “por las reparaciones a realizarse en el inmueble”.
Frente a los hechos, el propio Estado concluye que “no se cuenta con pruebas suficientes para discutir el reclamo realizado”, y es así que el Poder Ejecutivo instruyó a la Fiscalía de Estado a celebrar “un convenio de pago de capital e intereses por la suma de $ 146.000 y en concepto de daños y perjuicios, la suma de $ 47.208,88 quedando los demás rubros no presupuestados, sujetos a la verificación pericial por parte del Departamento de Arquitectura de la Provincia”. (El Diario)
