Todo indica que la tercera será la vencida y por fin el Congreso avanzará con lasanción de una ley que modifique el régimen de financiamiento de los partidos políticospara permitir que las empresas privadas puedan poner dinero en las campañas, perotambién para bancarizar los aportes, entre otras medidas destinadas a elevar losestándares de transparencia del proceso electoral.Tras dos intentos frustrados a fines del año pasado y con el trasfondo de las revelacionesde los cuadernos de las coimas sobre la recaudación de dinero negro de empresasprivadas por parte del kirchnerismo, el Gobierno parece haber despejado los escollosque habían planteado a sus socios de la UCR y de la Coalición Cívica y que hasta ahoraimpidieron discutir el tema en el Congreso.Ahora, la intención es sancionar la ley antes de mayo para que, de esa manera, empiecea regir en la campaña electoral presidencial de este año. Así lo afirmaron voceros de laCasa Rosada a LA NACION, quienes aseguraron que el financiamiento de las campañasy el régimen penal especial para combatir la violencia en el fútbol serán “prioridad” en laagenda parlamentaria que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses.Según esas fuentes, la diputada Elisa Carrió y la Coalición Cívica mantendrán su rechazoa permitir los aportes de empresas privadas a las campañas, pero “no entorpecerán la[sanción de la] ley” cuando el proyecto se discuta en la Cámara de Diputados.
La iniciativa comenzaría a ser debatida en marzo, -es casi un hecho que no habrásesiones extraordinarias en febrero-, y será el Senado el que pondrá en marcha eltrámite legislativo.La base de la discusión será el dictamen firmado en noviembre del año pasado en laComisión de Asuntos Constitucionales a partir de las negociaciones entre el presidentede ese cuerpo, Dalmacio Mera (PJ-Catamarca), el secretario de Asuntos Políticos eInstitucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, y el senador Angel Rozas(UCR-Chaco).Ese texto permite aportes privados por hasta un 5% del total de los gastos que la leyautoriza a los partidos políticos a gastar en una campaña electoral.La versión final reduciría ese monto al 2% del total, en sintonía con el proyecto que elPoder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados.
Críticas de Carrió
Aquellas quejas, enmarcadas en un enfrentamiento más amplio de la líder de laCoalición Cívica con Mauricio Macri, llevaron a que el peronismo decidiera postergar eldebate.En aquel momento, los legisladores de la oposición adujeron que no podían votar algoque ni el oficialismo estaba dispuesto a respaldar de manera unánime.El Gobierno volvió a la carga y puso el proyecto en el temario de las sesionesextraordinarias de diciembre último. Pero en aquel caso decidió iniciar el debate en laCámara baja. Sin embargo, una vez más, la interna oficialista bloqueó la posibilidad deavanzar con el cambio en el régimen de financiamiento de los partidos.
A la resistenciade Carrió se sumó entonces el malestar de la UCR con el ala política del Gobierno por elfiasco de la elección de los representantes del Consejo de la Magistratura.Para el radicalismo, la Casa Rosada no jugó a fondo y permitió que todas las vertientesdel peronismo se unieran para arrebatarle uno de los dos sitiales que tenía eloficialismo, y en particular el radicalismo, en el órgano encargado de seleccionar yenjuiciar a los jueces.Ante ese clima de sospechas y disputas internas, el Gobierno buscó impulsar eltratamiento del proyecto en el Senado. Pero, otra vez, el peronismo se negó a iniciar eldebate si el oficialismo no unificaba una posición.
Ahora, el escenario parece haber cambiado. El malestar en la UCR se redujo, aunquepersiste la molestia, ahora por la designación de la plaza vacante en la Cámara NacionalElectoral que pretenden los radicales.Carrió, por su parte, se comprometió a no entorpecer el trámite legislativo del proyecto.Además, en los últimos días aumentó la presión de organizaciones no gubernamentalesy empresariales que salieron a reclamar la sanción de un régimen con mayortransparencia y control en el financiamiento de la inminente campaña electoral de caraa las presidenciales de octubre.
A esto se suma que el peronismo del Senado estaría dispuesto a darle luz verde aldebate. Ese guiño podría terminar de cristalizarse en un compromiso concreto estasemana, cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reúna con el jefe del bloqueJusticialista, Miguel Pichetto (Río Negro), en la Casa Rosada. El encuentro seconcretaría mañana.Por último, en el Gobierno también se entusiasman con la posibilidad de que tanto alFrente Renovador como el peronismo no kirchnerista de la Cámara baja sumen susvotos. Si lo logra, todo indica que este año, en el que se elegirán presidente,gobernadores y legisladores nacionales y provinciales, habrá una nueva ley y una cuotade mayor transparencia y control en el financiamiento de los partidos políticos.
