El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, informó este domingo que solicitó a su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, información precisa sobre el paradero de cerca de cincuenta residentes de la región fronteriza de Sumy que, según señala, fueron trasladados por la fuerza el sábado pasado a territorio ruso. Lubinets exigió además su retorno inmediato a Ucrania y contactó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según comunicó este domingo a través de su cuenta en Telegram. Las autoridades ucranianas consideran que la operación constituye una “grave violación del derecho internacional humanitario”, al implicar la privación ilegal de la libertad y la deportación forzosa de población civil.
En su mensaje, Lubinets dijo haber pedido a la comisionada para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia datos sobre las condiciones de detención de los ciudadanos ucranianos, sus necesidades más urgentes y las exigencias para su retorno inmediato. Añadió que remitió una carta formal al CICR para solicitar la intervención de la organización internacional.
El funcionario ucraniano instó asimismo a la comunidad internacional a llevar a cabo “una evaluación legal pertinente” de las acciones de Rusia y reclamó el uso de todos los mecanismos disponibles para poner fin a las deportaciones ilegales de civiles ucranianos.
Según la reconstrucción divulgada por Lubinets, las fuerzas armadas rusas detuvieron el jueves a unos cincuenta habitantes de la aldea de Grabovske (Sumy) y los mantuvieron retenidos sin acceso a medios de comunicación ni condiciones apropiadas. El traslado forzoso a Rusia se habría producido el sábado, de acuerdo con la información preliminar.
La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que las tropas rusas cruzaron la frontera cerca de Grabovske. Tras la toma del pueblo, alrededor de cincuenta civiles —en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada que previamente se habían negado a ser evacuados a otras zonas de Ucrania— fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso.
Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania remarcó que la negativa de los residentes a ser evacuados dentro del país no legitima las acciones militares rusas y subrayó que tales traslados constituyen una violación de las leyes internacionales. La Dirección General de Comunicaciones precisó que, ante el deterioro de la situación de seguridad en la región de Sumy, las autoridades organizaron evacuaciones de las comunidades territoriales fronterizas. Hasta la fecha, más de 30.000 personas —cerca del 84 % de la población de ocho comunidades— han sido evacuadas. El 16 % restante, aproximadamente 5.700 personas, incluidas 38 niñas y niños, ha decidido quedarse.
En un mensaje dirigido a los residentes que permanecen en zonas de combate, Lubinets advirtió sobre los riesgos y reiteró que la evacuación sigue siendo una oportunidad para salvaguardar la integridad propia y de los seres queridos.
