La decisión, firmada por los jueces Noemi Berros, José María Escobar Cello y Mariela Emilce Rojas, ratifica que el imputado deberá permanecer alojado en una unidad penitenciaria hasta la finalización del debate oral.
Así, el exdirector de la Sociedad Rural de Diamante (SRA) llegará detenido al juicio oral y público cuyo inicio está previsto para el 24 de febrero, aunque su defensa solicitó la postergación del debate.
Al juicio están citadas 51 personas en total, que declararán sobre las dos causas acumuladas: la relativa a la organización que traficó drogas en Diamante y en Paraná entre 2019 y 2024; y la que se originó en agosto de 2022 en Santa Fe por los 30 kilos de cocaína hallados en la casa del puestero de Airaldi en Puerto Gaboto.
El dirigente rural cumple actualmente prisión preventiva en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú. Su defensa había solicitado prisión domiciliaria con tobillera, alegando problemas de salud y la necesidad de estar con sus hijos menores de edad.
Dada la escala penal de los delitos imputados, que prevén un mínimo de ocho años de prisión, el tribunal consideró que una eventual condena no sería de ejecución condicional.
Los argumentos de la defensa
La abogada defensora, Mariana Barbitta, había solicitado el beneficio alegando razones humanitarias, de salud y el interés superior de los hijos menores de Airaldi.
Entre los puntos esgrimidos por la defensa se mencionaba un deterioro de la salud psicofísica del procesado (síndrome depresivo y complicaciones respiratorias), la necesidad de contacto con sus hijos mellizos de cinco años y la situación de su madre, de 80 años, quien padece una enfermedad oncológica.
Asimismo, la defensa propuso un domicilio en la ciudad de Paraná para facilitar la logística del juicio y el ejercicio del derecho de defensa, ofreciendo incluso el uso de dispositivos de vigilancia electrónica y controles policiales sorpresivos.
La postura del Tribunal y la Fiscalía
El Ministerio Público Fiscal, representado por José Ignacio Candioti y Juan Sebastián Podhainy, se opuso firmemente a la medida. La fiscalía sostuvo que la prisión domiciliaria es una excepción restrictiva y que las necesidades médicas de Airaldi se están atendiendo debidamente dentro del sistema carcelario, donde ha recibido consultas de diversas especialidades.
El tribunal coincidió con la fiscalía al señalar que no se ha acreditado una situación de desamparo que justifique la medida. Respecto a los hijos menores, los jueces recordaron que ya existe un régimen de videollamadas homologado por la justicia para garantizar el vínculo paterno-filial.
Riesgo procesal y perfil público
Uno de los puntos determinantes para la negativa fue la existencia de riesgos procesales. El tribunal advirtió que, ante la inminencia del juicio oral, existe un peligro latente de entorpecimiento probatorio mediante posibles maniobras de hostigamiento o amedrentamiento a testigos.
Además, los magistrados destacaron que el peligro de fuga se mantiene vigente debido a los “ingentes recursos económico-financieros” de Airaldi y sus “afiatados vínculos sociales y político-gremiales”, acentuados por su carácter de personalidad pública en la región.
Finalmente, para garantizar su presencia en las audiencias y facilitar el contacto con sus abogados, el tribunal dispuso que Airaldi sea trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná durante el desarrollo del debate oral, asegurando así la cercanía con la sede judicial sin necesidad de otorgar el arresto domiciliario.
