La pena se aplicó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado refrendado por los jueces Fernando José Martínez Uncal, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay; Maximiliano Otto Larocca Ress, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Mauricio Marcelo Mayer, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
Este miércoles, Erro se pronunció en y expresó:
“Durante 18 años caminé bajo la sombra de una persecución política que quiso arrancarme el nombre, la historia, la familia y hasta la dignidad. No solo me golpeó a mí: también arrastró a funcionarios honestos, personas trabajadoras que soportaron procesos interminables y que, agotados, aceptaron un acuerdo únicamente para recuperar un poco de paz.
En mi caso, acepté una condena de dos años en suspenso por un supuesto abuso de autoridad que sé que nunca existió. Lo hice por la misma razón que ellos: para no seguir atrapado en procesos que parecían no terminar jamás.
Los entiendo profundamente. Tienen hijos, familias, vidas que cuidar. Ninguno eligió la política: eligieron simplemente trabajar y cumplir con su deber. Decidimos cerrar así un capítulo que jamás debió existir.
Y hoy lo digo con serenidad y con absoluta convicción: Ninguna de las causas fue por corrupción. Nunca me quedé con un solo centavo. Todo formó parte de una persecución por atreverme a enfrentar al poder.
Mi único deseo ahora es que esta página, tan dolorosa como injusta, finalmente se cierre. Que llegue por fin un tiempo de paz, verdad y reparación para todos los que fuimos perseguidos sin razón.
A mi pueblo, gracias. Gracias por no soltarme, incluso en las tormentas más oscuras. Su cariño ha sido el faro que me mantuvo de pie”.
Las investigaciones
En 2022, Erro estuvo cerca de cerrar estas causas mediante otro acuerdo abreviado, aunque ese pacto terminó cayendo.
El escrito que elevó la Fiscalía al tribunal sostuvo que “venimos por el presente a solicitar la aplicación del Procedimiento o Juicio Abreviado regulado en nuestra ley procesal penal, en virtud del cual, a partir de la intimación y con confesión de los imputados sobre su intervención en los hechos, se habilita el acuerdo de las partes, asentado en el libre consentimiento de los encausados. Y ello es así a los efectos primordiales de reconocer la veracidad y efectivo acaecimiento de los hechos que conforman las hipótesis acusatoria (infra explicitadas), pactar la calificación legal y la imposición de la pena”.
La audiencia de juicio abreviado, que había comenzado el 10 de noviembre de 2022, se suspendió ese día por un imprevisto corte de luz. Se reanudó el martes 6 de diciembre, pero lo que en un primer momento pareció un acuerdo terminó fracasando.
Erro desistió del convenio sobre el que se trabajó al menos dos meses. En una audiencia ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay —integrado por Roberto Javier Cadenas, vocal; José Alejandro Calleja, juez de Garantías y Transición de Victoria; y Gustavo Acosta, entonces juez de Garantías y Transición de Nogoyá— solicitó postergar la definición hasta 2023; ante la negativa del Ministerio Público Fiscal, el abreviado quedó sin efecto.
Según el Ministerio Público Fiscal, todo estaba listo para la firma, pero a último momento Erro planteó condiciones adicionales. Buscaba que en el acuerdo se incluyera también una causa por enriquecimiento ilícito que aún está en trámite.
Junto a su defensor, pidió postergar el trámite del abreviado hasta febrero para, en ese lapso, resolver la investigación patrimonial; sin embargo, la petición no contó con el acompañamiento del fiscal Jorge Gamal Taleb y no prosperó.
Qué se investigó
1) La “causa de la espuma”. Se abrió a partir de una denuncia presentada en febrero de 2013 por el exintendente Héctor Jaime, quien se desempeñó en la Anses local hasta diciembre de 2019 como funcionario de Cambiemos. Además de Erro, en la apertura de la causa fueron imputados el exsecretario de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano Dunat; el secretario de Gobierno, Mariano Iturbe; el exsecretario de Hacienda, Pablo Figueroa; y Carolina Camino, comerciante que ganó la licitación para proveer espuma para los carnavales de Gualeguay de 2013. La contratación se realizó de forma directa, en contravención de las normas municipales.
Los hechos fueron caratulados como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores. Mariano Dunat como autor por comisión y Luis Erro en carácter de comisión por omisión. Las partes acuerdan solicitar la absolución de Pablo Daniel Figueroa y Mariano Emanuel Iturbe por el delito que se les imputara, como así también, debido al cambio de calificación legal y a su condición de extraneus, entienden procedente la solicitud de la suspensión del juicio a prueba respecto de Carolina Caminos.
2) La “causa de las luminarias”: se inició por una denuncia del entonces intendente de Gualeguay, Federico Bogdan (UCR-Juntos por el Cambio), que advirtió irregularidades en la obra de mejoramiento del alumbrado público. La empresa favorecida con la contratación fue Radio Lux.
La investigación derivó en la imputación por presunta falsificación de documentos públicos y defraudación al Estado en los procesos administrativos de la obra, financiada por el programa nacional Más Cerca en 2014. En ese momento, el municipio recibió $1,4 millones para iluminar los bulevares Arturo Illia y San Juan. Según la acusación, parte de esos fondos se habría destinado a otros proyectos, desviando recursos con un destino exclusivo.
Quedaron involucrados el contador Silvio Oscar Carballo (director de Hacienda del Municipio) y Cristian Fabián Fattor (director de Energía del Municipio).
“En este segundo quebrantamiento normativo, el procedimiento de contratación directa mediante el fraccionamiento de las compras fue ideado y proyectado por el Contador Silvio Carballo, y la elusión ilegítima del llamado a licitación que éste propusiera no fue evitado por Luis Erro, a pesar de que debía hacerlo en virtud de su posición de garante institucional. Por su parte, Fattor, en su calidad de Director de Energía del Municipio y responsable técnico de la obra, suscribió en forma fraccionada las órdenes de compra del material destinado a la obra”, decía el texto del abreviado.
Hubo además otra investigación penal, la denominada “causa de los cheques”, que se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos por ser anterior a 2014. Esa pesquisa por presunto peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público nació de una denuncia del tesorero municipal, Rodolfo Estapé, acerca de cuatro cheques de $2.500 cada uno que el Ejecutivo habría recibido en diciembre de 2009, en el marco de los carnavales 2010, y de los cuales solo constaban fotocopias. Tras la denuncia, el Ejecutivo repuso el monto y el tesorero fue removido del cargo.
En esa investigación, Erro fue sobreseído.
