El magistrado entendió que debía procesar a los ex ediles Gabino Pérez y Jorge Bilbao, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y por haber sido inversores particulares en el proyecto termal, interesados en la negociación de su exploración y explotación y, simultáneamente, haber representado al municipio en sus expresiones negociables, al haber votado a favor la sanción de la Ordenanza 489/99, en miras de un beneficio propio, sin observar la inhibición impuesta en la Ley 3.001 sostiene el juez en su fallo.
Cuando comenzó el proceso del proyecto termal, tanto el ex intendente José Carlos Aimone como varios funcionarios municipales y los ediles Pérez y Bilbao, salieron a buscar el dinero para pagar la perforación. Y se entendía que para potenciar la necesidad de recaudar ese dinero, el ejemplo lo debían brindar ellos, por eso decidieron ser los primeros en realizar un aporte económico y, de esta manera, incentivar a la población para sumarla al proyecto. “Cómo vamos a salir a pedir plata para el proyecto, sin antes poner nosotros, esta es una forma de garantizar la obra” sostuvo en ese momento el ex presidente del Concejo Deliberante Gabino Pérez.
La realización del pozo en aquel momento costó unos de 500.000 pesos. “Nosotros sabíamos que era un riesgo en ese momento salir a pedir plata, para realizar la perforación, más teniendo en cuenta que nadie nos garantizaba que iba a haber agua termal” indicó el ex concejal Bilbao.
A ambos ediles les llamó la atención la decisión del juez, debido a que en la comunidad se conoce claramente cómo se manejó la cuestión. “Puede ser entendible, que legalmente no se haya podido estar de los dos lados, pero realmente, no sé quien se hubiera arriesgado a poner plata, si antes no poníamos nosotros. Además toda La Paz es testigo que ni nos enriquecimos con el dinero aportado, ni tenemos nada que ver ahora con el complejo”, sostuvo Pérez, quien junto a Bilbao ya anunciaron que apelarán la medida.
El tercer procesado en esta causa es Miguel Alberto Rodríguez, quien se desempeñaba como presidente del Instituto Municipal de Aguas Termales. Fue acusado por Turchetti en el escrito de 30 fojas de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, por haber firmado un informe sobre impacto ambiental, ecológico y medio ambiente al que pretendió otorgar carácter de declaración jurada y en el que se señaló la decisión de reemplazar la población de flora y fauna del predio por especies no autóctonas”.
Rodríguez nunca fue funcionario público, es un comerciante local, que solamente intentó colaborar con su comunidad, arriesgando un aporte económico para realizar la perforación y fue elegido por los miembros del Instituto para ocupar su presidencia.
El juez dispuso además declarar falta de mérito en este estado del proceso por presunto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos a los ex concejales José Ramón Limonchi, Andrés Nobel Molina, Carlos Alberto Luqui, Ángel Barredo, Salvador Valdez y Francisco José Nogueira, por haber votado a favor la sanción de la Ordenanza 382/96, mediante la que se autorizó la contratación directa de la empresa Geoconsult SA, para efectuar el estudio de prospección hidrotermal, infringiendo así la Ley provincial 5.140 y su reglamentación, sobre el sistema de contrataciones públicas.
También dictó falta de mérito por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a los ex ediles Susana Gabini, Cristina Burlando, Norberto Schmall, Maria Laura Saad, Ramón Galeano y Nelly Estebenet, por haber votado a favor la sanción de la Ordenanza 539/00 y al ex secretario de Economía y Gobierno Raúl Gervasoni por haber celebrado, en representación del Instituto Municipal de Aguas Termales, un contrato de locación de obra con EBS Limitada sin haber iniciado el trámite prescripto en el Decreto 3413/98 para obtener el certificado de prefactibilidad de exploración y explotación del recurso termal y haber autorizado la presentación para solicitar dicho certificado con posterioridad a la firma del contrato de locación de la obra con la empresa brasileña que realizó la perforación.
Por último, el magistrado también solicitó que se traben embargos a los bienes de los tres procesados, Miguel Rodríguez, Jorge Bilbao y Gabino Pérez hasta cubrir la suma de 7.288 pesos a cada uno.
Diario Uno
