La jueza del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, y una de las mencionadas como candidata a la Corte Suprema de Justicia, renunció a la presidencia de la Asociación de Mujeres Jueces, en medio de críticas a su actuación por numerosas ausencias en su tribunal, por la que le pidieron un juicio político.
Medina envió una carta a la Asociación en la que señala: “Susana Medina, en mi carácter de Presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, renuncio al cargo de manera indeclinable por razones personales a partir del día de la fecha. Deseando el mayor de los éxitos a la Comisión Directiva, las insto a seguir trabajando por los a promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres”.
En un mensaje al grupo de magistradas mencionaba: “Acabo de presentar mi renuncia indeclinable a la presidencia de la Asociación, ya que estoy atravesando un momento difícil y no estoy en condiciones de conducir un ámbito tan prestigioso y que tanto ha costado construir”.
La renuncia de Medina coincidió con la presentación efectuada el viernes pasado de un pedido de juicio político para que sea removida de su cargo, luego de una investigación de la revista Análisis del periodista Daniel Enz, en Paraná.
La investigación reveló que Medina, entre 2016 y 2021, acumuló 477 días de ausencia en su cargo judicial. El almanaque judicial tiene entre 218 y 220 días hábiles por año. La tendencia continuó en años posteriores. Entre 2022 y lo que va de 2025, Medina estuvo ausente 191 días hábiles adicionales. Solo en 2025 acumuló 32 días de ausencia hasta mediados de año.
En total, entre 2016 y 2025, la vocal no estuvo presente en su despacho durante aproximadamente 668 días hábiles, equivalente a más de tres años judiciales completos.
Además entre 2016 y 2021, Medina realizó 28 viajes al exterior, la mayoría justificados bajo las categorías de “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de AMJA”, que es la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.
En todos los casos, Medina cobró su salario íntegro, y en alguna instancia también percibió viáticos del Poder Judicial entrerriano.
Viáticos costosos
En sus viajes a Buenos Aires, por tierra, se hacía llevar por un chofer del Poder Judicial, que además debía alojarse por norma a no menos de 10 cuadras de su lugar de estadía, lo que encarecía los viáticos cuando visitaba a su hija en Puerto Madero, señala la investigación de Análisis.
El pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia entrerriano se presentó el viernes pasado en la Cámara de Diputados. El argumento es el presunto mal desempeño de la magistrada en razón de 660 ausencias injustificadas, el uso indebido de bienes del Estado y el impacto de la conducta en las cuentas públicas.
El pedido lleva la firma del docente Eugenio Jacquemain, dirigente de la agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) de Gualeguaychú.
La presentación está dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Allí se solicita la apertura del trámite para evaluar la conducta funcional de la vocal, cuya actuación -expuesta y corroborada por información oficial del STJ y por hechos de público conocimiento- “configura mal desempeño, afectación a los deberes de conducta, compromisos éticos incompatibles con la magistratura y vulneración del principio de independencia y probidad judicial”.
En el texto se mencionan las constancias oficiales del STJ y la investigación periodística de Análisis. “Surgen con claridad patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada”, indica el texto.
Más adelante, detalla ausencias “reiteradas e injustificadas” de la magistrada, que suman más de 660 días hábiles sin prestar funciones, en incumplimiento del régimen de licencias. Y se mencionan las consecuentes demoras en la resolución de expedientes.
“Este patrón configura, por su extensión y persistencia, si no un grave abandono de funciones, una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial”, se destaca.
En otro punto de la presentación se enumeran las licencias por capacitación tomadas por Medina “en exceso de los reglamentos”, que no encuadran en las pautas reglamentarias establecidas, que indican que no pueden superar los 20 días al año y no prevén el cobro de viáticos que en muchas ocasiones fueron percibidos por la vocal.
El tercer punto incluido en el pedido de juicio político alude al uso indebido de recursos del Estado, puntualmente vehículos oficiales, choferes y viáticos.
“De los registros del STJ surge que la vocal utilizó vehículos oficiales para viajes sin agenda institucional; requirió chofer designado, cuyos viáticos por día ascienden a aproximadamente 132 mil pesos más gastos de combustible; realizó viajes bajo conceptos genéricos (“actividad institucional”, “académica”, “capacitación”) sin constancias que acrediten tal carácter; y participó de actividades de índole personal, partidaria, diplomática o propias de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), pero financiadas integralmente con fondos públicos”, se enumeró.
Luego, indicó la denuncia que la utilización sistemática de recursos estatales para fines ajenos al cargo constituye “una desviación de poder y un abuso de bienes públicos, vedado a cualquier funcionario y especialmente grave tratándose de una vocal del STJ”.
También se pidió producir prueba para a cuantificar el impacto en las cuentas públicas de los viajes efectuados por Medina y que se despache oficio al STJ para que remita la estadística de la Sala Laboral y de la vocal.
Finalmente, se solicita que se declare configurada la causal de mal desempeño, se formule la acusación y se disponga la remoción de la magistrada de sus funciones judiciales.
Rogelio Frigerio" height="907">La Cámara de Diputados provincial se reunirá esta semana para analizar el pedido de juicio político. Si encuentra elementos podrá producir prueba y en el sistema de Entre Ríos, los diputados se convierten en acusadores y el Senado en jury para enjuiciar a la jueza, que no se descarta que pida una licencia en su cargo en el Tribunal Superior de Justicia.
Medina sonó como candidata a la Corte Suprema de Justicia en 2024, cuando se especulaba que el Gobierno de Javier Milei podía enviar el pliego de una mujer en lugar de la postulación del juez Ariel Lijo o del académico Manuel García-Mansilla.
Hasta ella misma hizo declaraciones: “No tengo ningún ofrecimiento formal”, dijo. En tanto, sobre una foto con Martín Menem y Karina Milei explicó: “Fue para presentar nuestra asociación, nuestra experiencia y trabajar juntos como lo hacemos con muchos organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros”.
Medina es de La Paz, y fue propuesta por el peronista Jorge Busti para el cargo, asumió en 2004 como vocal de la Sala N°3 del Trabajo del STJ. Primero fue defensora oficial y en 1991 tomó el cargo de jueza de instrucción. De ahí pegó el salto al Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
El año pasado, la Asociación había registrado una situación similar a la de Medina. La jueza Norma Abate de Mazzucchelli se vio obligada a renunciar como vicepresidenta cuando fue captada por una cámara oculta de Telenoche Investiga pidiendo una coima de 8 millones de pesos. Era titular de la Cámara Cuarta en lo Civil y Comercial y de Minas de La Rioja y un comerciante quería destrabar un juicio por una herencia. Susana Medina, entonces presidenta de la AMJ, comunicó públicamente que la comisión directiva había decidido por unanimidad “suspenderla preventivamente en el cargo y como socia de la entidad, mientras se sustancia el sumario disciplinario interno”.
