La próxima liberación de nueve marinos filipinos retenidos por los hutíes en el mar Rojo supone un giro en la crisis desencadenada tras el hundimiento del carguero Eternity C en julio. Según las autoridades de Filipinas, los tripulantes —que sobrevivieron al ataque contra el buque de bandera liberiana— serán entregados por el grupo insurgente respaldado por Irán, después de semanas de incertidumbre sobre su paradero y sus condiciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas informó que recibió desde Omán la confirmación sobre la inminente liberación de los marinos, quienes permanecían como rehenes tras el hundimiento del M/V Eternity C en el mar Rojo.
La nota oficial, que atribuye el avance a la mediación del gobierno omaní, explica que los tripulantes serán trasladados desde Saná —la capital yemení bajo control hutí— hacia territorio omaní antes de su repatriación a Filipinas. Un portavoz de la cancillería filipina evitó precisar el calendario de la liberación o si existen condiciones vinculadas al proceso.
El ataque al Eternity C, difundido en su momento por los propios hutíes mediante un video, ocurrió en un contexto de escalada regional. El grupo insurgente aseguró entonces haber “rescatado” a un número indeterminado de tripulantes y haberlos llevado a un lugar seguro.
El incidente coincidió con el hundimiento de otro buque comercial, el Magic Seas, en una serie de acciones que pusieron fin a una tregua de varios meses en los ataques a la navegación en el mar Rojo. Estas agresiones, que los hutíes justifican como represalia contra embarcaciones vinculadas a Israel en apoyo a la causa palestina, han alterado de manera significativa el tráfico marítimo en una ruta que canaliza cerca del 12% del comercio mundial.
La presencia de tripulantes filipinos en la industria naviera global es considerable: los marinos de Filipinas constituyen hasta el 30% de la fuerza laboral del transporte marítimo comercial. En 2023, las remesas enviadas por estos trabajadores al archipiélago alcanzaron casi USD 7.000 millones, lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del total de transferencias recibidas por el país.
El mes pasado, las autoridades hutíes condenaron a muerte por delitos de espionaje a 17 personas y dictaron penas de diez años de prisión para otras dos por su vinculación a una red de espionaje que, según señalan, trabajaba con los servicios secretos de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudí.
El Tribunal Penal Especializado de Saná, presidido por los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair, condenó a 17 individuos a muerte por fusilamiento público como medida disuasoria, según recoge la agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes. Uno de los acusados fue absuelto.
La sentencia sostiene que los sospechosos espiaron para esos países entre 2024 y 2025 bajo las órdenes del Mossad israelí, utilizando artefactos de comunicación encriptada suministrados por los servicios secretos israelíes. Además, habrían formado a los espías para emplear cámaras ocultas y conectarlas a programas de emisión en directo.
