Miércoles, 20 de abril de 2016   |   Política

Tras intimación del Gobierno, Trimarco denunció persecución política

El Gobierno intimó a la Fundación María de los Ángeles a que devolviera terrenos del Estado cedidos por CFK. La titular de la entidad dijo sentirse una "perseguida política" y denunció que en el lugar quieren construir un hotel.
Tras intimación del Gobierno, Trimarco denunció persecución política

Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, aseguró este miércoles que se siente una "perseguida política", luego de que el Gobierno le <a href='https://www.informedigital.com.ar/secciones/politicas/84374-el-gobierno-quiere-que-trimarco-devuelva-terrenos-cedidos-por-cfk.htm' target='_blank'>exigiera devolver dos terrenos </a>que la administración de Cristina Kirchner le había entregado a su ONG.

Trimarco afirmó que cumplirá con la entrega de los predios a la gestión de Mauricio Macri, que le otorgó para ello un plazo de diez días, aunque advirtió que "las únicas perjudicadas son aquellas mujeres que iban a tener un hogar y un centro de atención".

"Siento que soy una perseguida política y que las únicas perjudicadas son aquellas mujeres que iban a tener un hogar y un centro de atención y contención", señaló la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, que ayuda a víctimas de la trata de personas y la violencia de género.

En declaraciones a la prensa, la madre de Marita Verón sostuvo que se cansó de las "chicanas políticas" y reveló que un importante funcionario nacional le dijo que "quiere hacer un hotel cinco estrellas con casino" en donde estaba proyectado construir viviendas para víctimas de la explotación sexual.

Sin embargo, la senadora nacional por Tucumán, Silvia Elías de Pérez (Cambiemos), solicitó que la Sedronar cree en ese lugar un centro para la prevención y recuperación de personas por consumo de drogas.

Los predios que la referente social deberá devolver ocupan entre ambos una superficie total de casi 119 mil metros cuadrados y están ubicados respectivamente en San Miguel de Tucumán y en la localidad de Las Talitas.

El Gobierno llegó a esta resolución luego de que semanas atrás el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, detectara supuestas irregularidades en el pago de 5,6 millones para la ejecución de obras en los terrenos, lo que la dirigente negó de manera rotunda.

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