La reciente publicación de Informe Digital sobre la privatización de Transener generó un alto nivel de repercusión y abrió un debate sobre sus eventuales efectos en el sistema energético entrerriano. A raíz de ello, autoridades del gobierno provincial se comunicaron con este medio para aportar precisiones técnicas que permitan clarificar los alcances del proceso.
Desde el entorno técnico local aclararon que la operación en marcha no representa necesariamente la venta total de Transener, pero sí un proceso activo de privatización. La participación estatal que está en juego —a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES— podría ser parcial o total, pero lo cierto es que hasta ahora el gobierno nacional no desmintió que se avance con la privatización. Lo que resta definir públicamente es el porcentaje.
Desde el Ejecutivo entrerriano también señalaron que Transener no tiene una transportista alternativa de escala nacional, por lo que su rol estructural dentro de la red eléctrica seguirá siendo central. También aclararon que las modificaciones tarifarias en el sistema de transporte eléctrico impactan en todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), no exclusivamente en Enersa.
No obstante, eso implica justamente que Enersa también se verá afectada por las nuevas condiciones tarifarias. Es decir, aunque no de forma exclusiva, el impacto sobre la empresa provincial es real y parte del conjunto de operadoras alcanzadas por el nuevo esquema.
En cuanto a la situación de Salto Grande, las fuentes consultadas fueron enfáticas:
“Las regalías dependen de la energía generada por la Central, que como cualquier hidroeléctrica tiene un régimen que varía con el recurso y no con el Sistema Interconectado”, aclararon desde el gobierno provincial a Informe Digital.
De hecho, Cammesa anticipó para el trimestre agosto-octubre una temporada seca en la cuenca del Uruguay, por lo que se prevé un despacho mínimo de energía con impacto inevitable en los ingresos.
Más allá de eso, Salto Grande cumple una función clave en la regulación del sistema, sobre todo en lo que refiere al control de frecuencia, lo que la convierte en una central de despacho prioritario incluso en momentos de baja generación.
Como se dijo desde el inicio, el escenario no debe exagerarse, pero tampoco minimizarse: si bien el proceso de privatización no afecta directamente la operación de Enersa ni el régimen de regalías de Salto Grande, sí abre un interrogante sobre el control estatal futuro sobre redes estratégicas, algo que cobra especial relevancia para provincias con activos hidroeléctricos y empresas propias.
