Los trabajadores del Hospital Garrahan están organizando una nueva medida de fuerza de 24 horas, que marca un nuevo capítulo en el conflicto con el Gobierno por los aumentos salariales. En este contexto, se ha convocado una movilización para el próximo jueves 17 de julio.
La protesta se intensifica en medio de una tensión latente entre los equipos de salud del principal hospital pediátrico del país y las autoridades nacionales. La organización sindical ATE-Garrahan ha formalizado la convocatoria a un paro total, al que también se sumarán médicos, técnicos y personal de diversas áreas, resaltando la ausencia de respuestas oficiales frente a la solicitud de recomposición salarial.
El eje de la disputa gira en torno al reclamo por mejores condiciones laborales y salarios “adecuados a la canasta básica”, tal como expresaron los referentes gremiales.
La nueva huelga está programada para comenzar a las 7 de la mañana del jueves 10 de julio y se extenderá durante toda la jornada. Los representantes del personal confirmaron que durante la medida de fuerza solo se garantizarán guardias para emergencias, atención de urgencias y turnos impostergables por motivos clínicos.
Las consultas ambulatorias y el funcionamiento habitual de los servicios se reducirán al nivel mínimo indispensable, tal como detallaron desde la representación sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El anuncio se realiza mediante la coordinación de asambleas en los diferentes turnos y la adhesión de agrupaciones de profesionales y técnicos, quienes han expresado que la situación salarial y las condiciones contractuales han empeorado en los últimos meses, solicitando la reapertura de las paritarias.
Por su parte, respecto a las medidas de fuerza anteriores, desde el Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Mario Lugones, afirman que los sectores que convocan al paro están incumpliendo las condiciones de la conciliación obligatoria. “No cumplir con ese acuerdo atenta contra la buena fe negocial”, sostienen.
En este contexto, la designación de Mariano Pirozzo como nuevo director médico ejecutivo ha avivado el descontento. Este martes, el Ministerio de Salud oficializó el nombramiento del ex interventor del Hospital Nacional Bonaparte para liderar el Garrahan.
Pirozzo desarrolló su formación quirúrgica en el Hospital Militar Central “Cosme Argerich” y actualmente está cursando una maestría en Economía y Gestión de la Salud en ISALUD, además de contar con un MBA en la Universidad de San Andrés. Su perfil incluye capacitación en gestión de calidad y administración de servicios de salud.
Adicionalmente, estuvo a cargo de la coordinación del Servicio de Neurocirugía en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce-SAMIC (2010-2022), así como de la jefatura de Neurocirugía en la Clínica Sagrada Familia, la dirección de Servicios Técnicos y Diagnósticos del Hospital Nacional Baldomero Sommer, y ocupó el cargo de jefe de Urgencias Neuroquirúrgicas en OSDE.
“La designación de Pirozzo responde a una lógica de ajuste y retroceso en salud pública”, declaró Alejandro Lipcovich, secretario general de la seccional. Además, señaló que el nuevo director “no llega por méritos médicos, sino por sus antecedentes en políticas de vaciamiento”, y atribuyó esta decisión a una directriz del Ejecutivo Nacional que, según el gremio, prioriza la reducción de presupuestos en detrimento de las condiciones de trabajo y la atención a la niñez.
El trasfondo de la protesta se relaciona con la reciente disputa entre los equipos profesionales y la administración del centro de salud, agravada por la situación de los médicos residentes. Estos trabajadores han realizado solicitudes de actualización salarial y han recibido un bono extra, financiado con recursos internos del propio Hospital Garrahan.
En este contexto, tras la intervención del Ministerio de Salud, el Gobierno decidió modificar el régimen de residencias: a partir de entonces, las residencias se redefinieron como “becas” y se condicionó el acceso al bono a la renuncia voluntaria del contrato laboral formal, lo que implica la pérdida del recibo de sueldo, de los aportes jubilatorios y de la cobertura de obra social.
Este cambio impulsado por el Ejecutivo ha generado rechazo por parte de los gremios y de múltiples colectivos profesionales. Los trabajadores del hospital han señalado que la medida pone en riesgo la estabilidad laboral y los derechos de los residentes, y han advertido sobre el impacto negativo en la formación de nuevos especialistas para el sistema público de salud.
