La causa de los contratos truchos en Entre Ríos ha visto avances significativos en la última semana, con acuerdos de suspensión de juicio a prueba, un acuerdo abreviado y la declaración de nulidad de contratos por parte del gobierno provincial. Estos desarrollos marcan un paso importante hacia la resolución de un caso que ha sacudido a la política provincial durante los últimos años.
En una audiencia reciente, la jueza de Garantías Marina Barbagelata homologó ocho acuerdos de probation alcanzados por defensores y fiscales. Los imputados que accedieron a la suspensión del juicio a prueba deberán cumplir con tareas comunitarias por 96 horas anuales durante 3 años, establecer un domicilio y realizar una reparación económica. Entre los imputados que aceptaron la probación se encuentra Guido Krapp, un contador que fue parte del Estudio Integral Asesoría.
Además de los acuerdos de probation, se ha anunciado un acuerdo abreviado entre la Fiscalía y la defensa de Esteban Ángel Alberto Scialocomo. En el marco de este acuerdo, a Scialocomo se le atribuyen once hechos de peculado, con una condena propuesta de tres años de prisión condicional y el pago de seis millones de pesos.
La noticia de estos acuerdos ha sido recibida con opiniones encontradas. La exprocuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de la provincia, Cecilia Goyeneche, ha manifestado su desazón pero entiende la decisión, señalando que la prueba contra los imputados es contundente y que la eficiencia del proceso judicial es un valor importante a tener en cuenta.
Goyeneche también se refirió a la reciente declaración de nulidad de 770 contratos legislativos por parte del gobierno provincial, calificándola como un símbolo importante en la lucha contra la corrupción. Según Goyeneche, las autoridades provinciales, incluyendo al exgobernador Gustavo Bordet, deberían haber declarado la nulidad de estos contratos mucho antes.
Además de los acuerdos de probation y el acuerdo abreviado, la causa de los contratos truchos está a punto de entrar en una etapa intermedia en los tribunales locales. Esta etapa, que precede a la remisión de la causa a juicio, involucra acuerdos previos y es un paso crucial hacia la resolución del caso.
A medida que la causa avanza, la atención se centra en el impacto que tendrá en futuras investigaciones y acuerdos de la justicia penal. La resolución del caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en la provincia y más allá.
