
En 1993, ya en plena década menemista, Tato Bores pronunció uno de sus monólogos más filosos sobre la reforma laboral y el llamado “costo argentino”. Con su humor corrosivo y una mirada política aguda, puso en cuestión un modelo económico que prometía competitividad a costa de los derechos de los trabajadores.
El marco era el gobierno de Carlos Menem, atravesado por privatizaciones, apertura comercial y un discurso de modernización orientado a reducir costos y flexibilizar el mercado laboral. En ese clima, Bores estrenó una crítica que hoy volvió a circular con fuerza.
En aquel monólogo, decía textual:
“La solución que el Gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso, dijo uno. No es para bajar el costo argentino sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Y sino, fijate los artículos importados: los traen a dos y los venden a 35.
El costo argentino es que todo el mundo se quiere hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo.
Lo que pretenden con la reforma es tener semana de 10 días hábiles si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan le beses la mano al trompa (jefe) y le digas: gracias amo”.
Más allá del tono humorístico, el mensaje apuntaba a un problema estructural: la concentración de ganancias, la especulación y la transferencia de costos hacia los sectores más débiles. Para Bores, el “costo argentino” no estaba en el salario sino en una lógica basada en la rentabilidad rápida.
Treinta años después, el video volvió a viralizarse en en medio del debate por la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. La discusión sobre flexibilización, indemnizaciones y condiciones de trabajo reavivó comparaciones con los años noventa.
La reaparición del monólogo funciona hoy como documento político y como espejo de una discusión recurrente en la historia argentina. Cambian los nombres, pero persisten los dilemas.
El legado de Tato Bores, lejos de agotarse en el humor, sigue actuando como una forma de memoria crítica. Su mirada, anclada en los noventa, encuentra nueva vigencia en un país que vuelve a discutir los límites entre mercado, Estado y derechos laborales.
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