Elegida por unanimidad para un quinto mandato consecutivo al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, equivalente a la Corte Suprema a nivel nacional, la magistrada analiza el proceso aún inconcluso de autonomía judicial porteña, el impacto del fallo Levinas, los conflictos de competencia con la Justicia llamada nacional y en mayor proporción con el fuero laboral. Reflexiona sobre independencia, seguridad jurídica y legitimidad institucional, el vínculo entre su actividad y la política, la representación de las mujeres en los tribunales superiores y su experiencia en los fueros de otros países, desde Ruanda y la ex-Yugoslavia hasta los desafíos actuales del derecho penal internacional.
La provincia exige casi $600 millones que, sostiene, el Estado nacional no transfirió entre 2023 y 2024. El máximo tribunal pidió respuesta al Gobierno y desestimó el pedido urgente de pagos.
El Poder Judicial reconoció a los camaristas que llevaron adelante la sentencia que marcó un antes y un después en la historia democrática argentina.