Con el tratamiento previsto para febrero, el oficialismo admite que no alcanza la mayoría en el Senado y depende de acuerdos con las provincias, atravesadas por reclamos fiscales, presión sindical y amenazas de judicialización.
La gestión provincial sale a buscar dólares para sostener su plan de obras y mejorar vencimientos, en medio de un escenario de menor recaudación y cuestionamientos políticos.
