La norma declara de Interés Público a la totalidad del inmueble que ocupa el Hipódromo Almafuerte, y de Interés Histórico y Arquitectónico al edificio y palco oficial, tribuna popular, boleterías, caballerizas y portones de rejas de ingreso sobre calle Salvador Maciá, propiciando su “preservación, restauración y mantenimiento”. En su artículo 4º, la norma municipal declara “protegidas” a las especies arbóreas localizadas sobre calle Maciá, Artigas y sobre el sector oeste del predio.
En cuanto a las restricciones en el dominio que pesan sobre el inmueble, la ordenanza en su artículo 5º estatuye que cualquier emprendimiento a desarrollarse deberá ser presentado como un proyecto integral para la totalidad del predio, atendiendo al interés público del sector, y deberá autorizarse mediante ordenanza.
El artículo 6º confirma la suspensión de la subdivisión, construcción e implementación de nuevos usos establecidos en el Código Urbano; y finalmente en el 7º fija que “todo acto de cambio de titularidad del predio citado en el artículo 1º, por el concepto que fuere, se deberá dejar constancia de las restricciones”.
Por ese motivo, los eventuales compradores deberían estar advertidos de esta situación en los edictos.
El abogado de la entidad, Cristian Mathern, informó a UNO que antes de la publicación de los edictos, el martillero deberá requerir informes a la Municipalidad acerca de las restricciones del dominio.
“El juez Parajón destaca hoy que en los tres informes que se pidieron a la Municipalidad, en ningún momento se hizo mención de las restricciones existentes. El potencial oferente, con la lectura del edicto, no sabía qué iba a poder comprar, o que en el futuro no podría concretar nada, sin un proyecto integral para la totalidad del predio y la autorización del Concejo Deliberante”, explicó el letrado.
Mientras ello ocurra, se abrirá un lapso para que la Cámara de Apelaciones dicte sentencia respecto a la quiebra.
Los dos recursos extraordinarios planteados ante el Superior Tribunal de Justicia fueron resueltos favorablemente, pero resta que sea tratado nuevamente por la Cámara de Apelaciones, que demoró en constituirse por vacantes de los camaristas.
“Recién ahora la Cámara podrá atender la apelación del auto de quiebra”, añadió Mathern.
La subasta de la parcela de 2.546 metros cuadrados que da a calle Artigas al 400 tenía una base de 28.364,48 pesos. En este caso, el remate tenía origen en una demanda por ejecución de hipoteca que data del año 2000 y que inició el Banco de Entre Ríos.
De todos modos, el Jockey tiene un pasivo de alrededor de 6 millones de pesos, fundamentalmente con organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el gobierno provincial y juicios laborales, entre otros.
En 2003 se inició el proceso de quiebra del Jockey Club, y está intervenido por la Justicia.
