El proceso de extradición de Federico Andrés “Fred” Machado a Estados Unidos quedó suspendido tras un fallo de la Corte Suprema, que ordenó al juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, verificar la autenticidad de un documento presentado en última instancia por la defensa. Según los letrados, se habría producido un cambio en la situación procesal de su patrocinado ante un tribunal de Texas, lo que podría modificar el alcance del pedido de extradición.
Mediante una providencia firmada el 21 de agosto, la Corte remitió la documentación al juzgado neuquino y solicitó que, por intermedio de la Cancillería, se requiera información oficial a la Justicia estadounidense sobre la sentencia que se afirma fue dictada en enero de 2024. El expediente alude además a Keyleigh Moffet y a la posible incidencia de esa resolución en la causa contra Machado.
Machado, detenido en Neuquén en 2021 y actualmente bajo prisión preventiva domiciliaria en Viedma, Río Negro, está siendo investigado en Estados Unidos por su presunta complicidad con una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico. La fiscalía para el Distrito Este de Texas lo acusa de haber facilitado aeronaves para el traslado de cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia territorio norteamericano.
La imputación incluye delitos previstos en las secciones 841(a)(1) y 846 del Título 21 del Código de Estados Unidos: posesión de cinco kilogramos o más de cocaína con intención de distribuir. Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en esa misma causa.
Los vínculos en Argentina: de Báez a Espert
El nombre de Fred Machado es conocido en ámbitos políticos y empresariales por su trayectoria en operaciones con aeronaves. En el pasado le vendió una nave a Lázaro Báez, emblema del esquema de corrupción kirchnerista, y otra a los hermanos Juliá (Gustavo y Eduardo), vinculados al escándalo del “narcoavión” en el que se incautaron 944 kilos de cocaína en Barcelona en 2011.
En los estados contables de su fondo fiduciario apareció, además, un documento que consignaba un pago de 200 mil dólares en febrero de 2020 a José Luis Espert, pocos meses después de las elecciones. También se difundió que el economista viajó a Puerto Madryn en un avión de Machado para la presentación de un libro.
El dictamen de la Procuración y la disputa judicial
En abril de 2023, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, respaldó la posición de la PROCUNAR —encabezada por Diego Iglesias— a favor de la extradición de Machado. Para la Justicia argentina, las pruebas que pesan en su contra estaban acreditadas y su situación procesal no ofrecía dudas hasta la aparición de la nueva documentación aportada por la defensa.
El juez Villanueva, en resoluciones anteriores, había señalado que Machado incumplió pautas básicas requeridas por la fiscalía estadounidense, como notificar cambios de domicilio y concurrir a audiencias. Además, subrayó que el empresario declaró múltiples domicilios en Argentina, Estados Unidos y Guatemala, lo que complica determinar su residencia efectiva.
La defensa de Machado intenta impedir su traslado a Estados Unidos al cuestionar la validez de las actuaciones judiciales norteamericanas. Entre sus planteos figuran un informe de polígrafo, correos electrónicos intercambiados entre fiscales y defensores y citaciones como testigos. Para el juez Villanueva, esos planteos corresponden a la jurisdicción extranjera y no son materia local.
La resolución final de la Corte dependerá ahora de la respuesta que llegue desde Texas a través de la Cancillería argentina. Hasta entonces, el proceso de extradición queda suspendido, prolongando una disputa que ya se extiende por más de cuatro años y mantiene en vilo tanto a la Justicia argentina como a las autoridades estadounidenses.
DCQ
