El programa económico del Gobierno mantiene como principal anclaje el resultado fiscal. A diferencia de administraciones anteriores, la estrategia oficial pivotó sobre la obtención y el mantenimiento del superávit como eje de la política macroeconómica. Según un informe de la consultora Invecq, 2025 cerró con un superávit primario de 1,4% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del producto, en un contexto de fuerte ajuste del gasto y caída de los ingresos tributarios.
El resultado primario del año pasado se ubicó en línea con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional, que era de 1,3% del PBI, aunque quedó por debajo del objetivo interno que el propio Gobierno había fijado a mitad de año, de 1,6%. Aun así, el dato confirma que el equilibrio fiscal dejó de ser una promesa para convertirse en un rasgo estructural del esquema económico vigente.
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“El programa económico sigue teniendo en el ancla fiscal su principal sostén”, señala Invecq en su análisis. En ese marco, el superávit se presenta como el principal elemento diferenciador frente a los gobiernos anteriores, que exhibieron déficits persistentes y una mayor dependencia del financiamiento monetario y del endeudamiento.
Resultado financiero y peso de los intereses
El informe advierte, sin embargo, que el resultado financiero de 2025 debe leerse con cautela. Según la consultora, el leve superávit de 0,2% del PBI está influido por el tratamiento contable de los intereses capitalizables de la deuda, que bajo el criterio de base caja se registran “por debajo de la línea”. Esto implica que el costo económico total de la deuda queda parcialmente subestimado en el resultado fiscal tradicional.
“Incorporando los intereses capitalizables —considerando solo su componente real— el resultado financiero pasa de un leve superávit a un déficit de 0,8% del PBI en 2025”, explica Invecq. Ese rojo, sin embargo, es calificado como “manejable y financiable”, y equivale al doble del déficit corregido de 2024, que había sido de 0,4% del PBI.
Durante 2025, los intereses devengados totalizaron 1,2% del PBI. De ese monto, apenas 0,2% correspondieron a intereses en pesos, pese a que la deuda en moneda local alcanza el 29,4% del PBI. El contraste con años anteriores es significativo: en 2020, con una deuda en pesos notablemente menor, equivalente al 19,5% del PBI, los intereses en moneda local registrados sumaron 1,1% del producto.
Ingresos en baja y ajuste del gasto
El desempeño fiscal del año pasado estuvo marcado por una caída de los ingresos más intensa que la reducción del gasto. Según Invecq, los recursos totales retrocedieron 1,2% del PBI, mientras que el gasto primario se ajustó 0,8% del producto. La recaudación tributaria cayó cerca de 0,9% del PBI, en gran parte por la eliminación del impuesto PAIS, cuyo impacto sobre las cuentas nacionales fue de alrededor de 1,1% del PBI.
A esa merma se sumaron menores ingresos por derechos de exportación y por el impuesto a los Bienes Personales. Esas pérdidas fueron compensadas parcialmente por una mejora en las contribuciones a la seguridad social, en un contexto de recuperación gradual del empleo formal.
En lo que respecta al gasto, el ajuste acumulado resulta notable. La consultora estima que la caída real del gasto primario en 2025, respecto de 2023, alcanza el 27%, con el mayor esfuerzo concentrado en 2024 y una profundización más moderada durante el último año. Dentro de ese proceso, los subsidios económicos explican una parte importante del recorte.
“Los subsidios pasaron de representar 2,1% del PBI en 2023 a 1,0% del PBI en 2025”, detalla el informe. El gasto de capital fue otro de los rubros más afectados, con una reducción cercana al 79% real respecto de 2023, particularmente en infraestructura, vivienda y transporte. A su vez, las transferencias corrientes a las provincias cayeron alrededor de 60% real en el mismo período.
El ajuste dentro del gasto social fue heterogéneo. Las jubilaciones y pensiones contributivas registraron caídas reales cercanas al 14%, mientras que la Asignación Universal por Hijo mostró una expansión superior al 70% real, convirtiéndose, según Invecq, en la principal excepción al sesgo contractivo del gasto.
El desafío de sostener el superávit en 2026
Para 2026, las proyecciones mantienen al superávit como objetivo central. La consultora estima un resultado primario en torno a 1,5% del PBI, en línea con lo previsto en el Presupuesto 2026, aunque por debajo del compromiso de 2,2% asumido con el FMI. El superávit fiscal total se ubicaría cerca de 0,1% del PBI, lo que deja un margen acotado para avanzar en una reducción significativa de la carga tributaria.
En ese escenario, Invecq advierte que las medidas tributarias asociadas a la reforma laboral, cuyo tratamiento comenzaría en febrero, implican un costo fiscal cercano a 0,8% del PBI. De ese total, 0,69% corresponde a la Nación y 0,11% a las provincias, un reparto que genera resistencias a nivel subnacional y condiciona la viabilidad del paquete completo.
A ese factor se suma la reducción de los derechos de exportación anunciada en septiembre de 2025, con un costo adicional estimado en 0,1% del PBI para el Estado nacional. “La implementación plena de estas medidas requeriría un nuevo ajuste del gasto cercano a 0,8% del PBI para preservar el superávit financiero”, señala el informe, aun considerando el limitado ahorro derivado de la segmentación de subsidios energéticos, calculado en torno a 0,15% del producto.
La alternativa sería una recuperación de la recaudación impulsada por el crecimiento económico. No obstante, Invecq considera que ese escenario es poco consistente con sus proyecciones actuales, que prevén una expansión anual de entre 2% y 2,5%. Además, el eventual regreso de la Argentina a los mercados de deuda en dólares podría implicar mayores pagos de intereses en moneda extranjera, lo que complicaría aún más la meta de mantener el equilibrio fiscal.
En síntesis, el informe concluye que el superávit fiscal constituye hoy la principal diferencia del gobierno de Javier Milei respecto de las gestiones anteriores. Al mismo tiempo, advierte que su sostenimiento depende de un margen fiscal reducido, de decisiones de política económica que están aún en discusión y de un contexto macroeconómico que seguirá condicionando la evolución de las cuentas públicas.
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