El conflicto entre el Suoem y la Municipalidad de Córdoba ha sumado un nuevo capítulo: a partir de este jueves, se expande a otros puntos de la provincia, con el respaldo de la Federación de Sindicatos Municipales de Córdoba (Fesimupc). Esta iniciativa, impulsada por el histórico dirigente Rubén Daniele, busca provincializar el reclamo salarial e involucrar directamente al gobernador Martín Llaryora, quien hasta ahora había observado el conflicto como un problema limitado a la Capital.
La alianza entre Suoem y Fesimupc representa un quiebre con respecto a las experiencias gremiales previas, y amenaza con nacionalizar un conflicto que hasta ahora tenía como principal objetivo a la gestión de Daniel Passerini. En este nuevo contexto, la Secretaría de Trabajo de la Provincia considera con cautela si avanzar con la conciliación obligatoria, una herramienta que ya tenía preparada para frenar el plan de lucha en Córdoba.
La participación de la Fesimupc, además, añade un componente político de gran relevancia. En el Centro Cívico, el renovado protagonismo de la Federación no pasó desapercibido, y se la señala como aliada táctica de Daniele en su esfuerzo por debilitar a Llaryora. En este marco, algunas voces interpretan la avanzada gremial como un movimiento que, a mediano plazo, busca fortalecer la proyección electoral de Luis Juez, de cara a las legislativas de 2025 y las provinciales de 2027.
Este jueves, a partir de las 11:45, Daniele y representantes de la Fesimupc ofrecerán una conferencia de prensa frente al Palacio 6 de Julio para anunciar la continuidad del plan de lucha. La expectativa recae en la respuesta del Gobierno provincial, que podría marcar un nuevo hito en esta disputa.
Por su parte, la Federación publicó en las últimas horas un contundente comunicado titulado “Una rebelión de municipales en toda la provincia”, donde critican con dureza al gobierno de Javier Milei por su política de ajuste, reducción del gasto público y desfinanciamiento de servicios esenciales. En dicho texto también arremetieron contra Llaryora, a quien acusan de alinearse con la Casa Rosada sin obtener beneficios concretos para Córdoba. Además, denunciaron la persecución a intendentes no alineados, la represión de protestas y la obstaculización de la organización gremial.
La Fesimupc exigió una revisión del manejo de la Caja de Jubilaciones, los recortes en Apross y la falta de financiamiento provincial para los municipios. Concluyeron el documento con un llamado a intensificar la lucha. “La Federación estuvo años inactiva y ahora parece haber despertado”, ironizó una fuente cercana a Passerini y Llaryora.
