Suiza votará el 14 de junio en un referéndum histórico que podría transformar su política migratoria y su relación con Europa. En las urnas se decidirá si se establece un límite legal a la población, fijándolo en 10 millones de habitantes.
La iniciativa, promovida por el Partido Popular Suizo (SVP), el principal grupo político del país, busca frenar de forma drástica el crecimiento demográfico que, según el propio partido, está ejerciendo una presión insostenible sobre los servicios públicos y la infraestructura.
El texto del SVP exige que el Gobierno actúe antes de que la población, actualmente de 9,1 millones, alcance los 10 millones. Si la moción prospera, las autoridades tendrían que negar el ingreso de todos los recién llegados —incluidos solicitantes de asilo y familiares de residentes extranjeros— una vez que el censo nacional llegue a 9,5 millones.
El referéndum se sustenta en un sistema de democracia directa que permite someter propuestas a votación cuando se reúnen al menos 100.000 firmas de votantes habilitados en un plazo de 18 meses.
El Partido Popular Suizo argumenta que el país atraviesa una “explosión demográfica” que encarece los alquileres, satura hospitales y escuelas y pone en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos.
“Una pequeña élite económica se beneficia de la inmigración excesiva; la mayoría de la población suiza sufre”, afirmó el SVP en una publicación en su cuenta oficial de X, acompañada de una imagen generada por inteligencia artificial en la que personas adineradas brindan con champán por encima de una multitud de trabajadores descontentos.
La iniciativa ha abierto profundas fracturas en la sociedad suiza y provocado tensiones dentro del propio Gobierno. El Consejo Federal, órgano ejecutivo de siete miembros, rechazó la propuesta por mayoría, dejando al SVP como el único partido del gabinete que la respalda abiertamente.
No obstante, una encuesta realizada el año pasado por la firma suiza Leewas indica que la iniciativa contaría con un amplio respaldo popular, lo que añade incertidumbre al resultado de la votación. El debate gira en torno a si el límite planteado es una respuesta legítima a los problemas del país o una medida desproporcionada que vulneraría derechos fundamentales y acuerdos internacionales.
De aprobarse, la norma tendría efectos inmediatos y de gran alcance. Si la población llegara a los 10 millones, el Gobierno estaría obligado a rescindir el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, su principal socio comercial. Aunque Suiza no forma parte de la UE, mantiene vínculos con el mercado único y la movilidad de personas mediante más de 120 acuerdos bilaterales.
La inquietud por la inmigración no es exclusiva de Suiza, pero en los últimos años el país registró un aumento notable de llegadas de extranjeros, en sintonía con una tendencia europea marcada por crisis migratorias y cambios demográficos. El SVP sostiene que ese flujo está “sobrecargando la infraestructura y elevando los alquileres”, y presenta el referéndum como una medida necesaria para proteger el bienestar de la población local.
Quienes se oponen advierten que limitar la población podría perjudicar sectores clave como la salud, la educación y la economía, que dependen en gran medida de la mano de obra extranjera. Asimismo, alertan de que poner fin a la libre circulación con la UE podría aislar al país y debilitar su competitividad internacional.
El referéndum ha captado la atención internacional por su potencial para sentar un precedente en Europa. En una región donde crecen los partidos nacionalistas y se endurecen las políticas migratorias, la decisión suiza podría influir en otros países que enfrentan desafíos semejantes.
Mientras tanto, la campaña del SVP se intensifica en las semanas previas a la votación, apelando al sentimiento de protección nacional y a la defensa de valores tradicionales. La publicación en X del partido, en la que se denuncia que “una pequeña élite económica se beneficia de la inmigración excesiva”, revela el tono polarizador del debate y la tensión entre quienes privilegian la apertura y quienes reclaman un control estricto de las fronteras.
