De la redacción de INFORME DIGITAL
El Gobierno de Entre Ríos anunció una mejora salarial para la Policía provincial y el Servicio Penitenciario a partir de febrero de 2026, con foco en dos adicionales específicos: el código 286, correspondiente a riesgo y peligrosidad, y el código 244, vinculado a funciones jerárquicas o de conducción.
Según lo informado oficialmente, el incremento se instrumenta como una suma no remunerativa y no bonificable. En el caso del adicional por riesgo (código 286), el monto se establece en una escala según antigüedad que parte de $200.000 y alcanza un tope de $350.000.
Como referencia de impacto, desde el Ejecutivo indicaron que un agente con un año de antigüedad pasará a percibir $1.302.000 de ingreso mensual total.
En paralelo, se dispuso una actualización para el sector pasivo de ambas fuerzas: desde febrero se fijará un monto mensual de $100.000 para retirados, jubilados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario.
El anuncio se da en un contexto sensible. En Entre Ríos comenzó a circular en redes y grupos vinculados a la fuerza una convocatoria a una manifestación pacífica prevista para el sábado 14 de marzo a las 17, frente a Casa de Gobierno en Paraná. Si bien no hubo confirmación oficial de autoridades policiales, la convocatoria expone un clima de inquietud dentro del sector.
Además, el escenario regional agrega presión. En Santa Fe, en las últimas horas, el conflicto policial escaló con concentraciones, sirenazos y episodios de alta tensión institucional, en un marco donde la fuerza no tiene derecho formal a huelga. Allí, el reclamo incluyó la discusión sobre el impacto de las recomposiciones salariales en el básico y en los haberes jubilatorios, lo que derivó en negociaciones directas con el Ejecutivo provincial.
En ese marco, la actualización de adicionales en Entre Ríos aparece como una señal política para atender la situación antes de que el malestar derive en una escalada mayor. La clave estará en determinar si la mejora alcanza para descomprimir el reclamo o si el debate se trasladará hacia una discusión más estructural sobre salario básico y condiciones laborales, como ocurrió en la provincia vecina.
