Algunas figuras exceden su función y terminan representando el clima político de una época. Carlos Stornelli es una de ellas. Su nombre circula en un espacio donde Justicia, política e inteligencia se solapan y cada gesto se lee como un mensaje. Durante más de 30 años su desempeño como funcionario público lo ubicó en episodios que quedaron en la historia. Discusiones públicas con Carlos Menem, Néstor Kircher y Cristina Kirchner lo depositaron en el centro del conflicto que ordena la vida pública argentina desde 1993 hasta el presente.
Su episodio más resonante es la Causa Cuadernos, un expediente que asoció a Stornelli con la figura de un fiscal que investigaba un sistema de recaudación ilegal que, según su hipótesis, alcanzaba la cúspide del poder político. Para un sector, ese papel lo convirtió en garante de la pesquisa más relevante de la democracia; para otro, fue el operador que empleó causas sensibles para presionar al kirchnerismo. Esa lectura se profundizó cuando, mientras acusaba a Cristina Fernández de Kirchner, su nombre apareció en escenas del caso D’Alessio, la investigación sobre un pseudoabogado y espía que extorsionaba personas supuestamente en nombre de Stornelli.
Ambas tramas —la arquitectura acusatoria de Cuadernos y las sombras del expediente D’Alessio— confluyen para delinear un personaje que ya no puede explicarse solo por su tarea como fiscal. Stornelli personifica la forma en que la política interpreta y utiliza a la Justicia y cómo los servicios de inteligencia encuentran espacios para operar en esa zona gris. Por eso su biografía quedó indisolublemente ligada a la polarización: cada causa firmada por él alimenta, de un lado y del otro, un relato sobre el poder. En ese cruce surge la pregunta central de hoy: ¿es Stornelli un fiscal atrapado por la grieta o una pieza decisiva dentro de ella?
Cuadernos. La imputación de Stornelli contra Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos se sostiene en una hipótesis matriz: entre 2003 y 2015 funcionó una estructura de recaudación ilegal que, según el fiscal, tuvo a Néstor y a Cristina Kirchner en la cima. Por debajo, Julio De Vido como organizador, Roberto Baratta como enlace cotidiano y un conjunto de empresarios que, en esa lectura, lubricaban el mecanismo con aportes “obligatorios”.
Para ligar a la entonces presidenta con el circuito de bolsos, Stornelli apoya su teoría en tres pilares: los relatos de choferes y secretarios, las confesiones de empresarios arrepentidos y el rastro de los destinos finales del dinero. El ex secretario Fabián Gutiérrez habló de bolsos que ingresaban a la Casa Rosada y salían con Daniel Muñoz; Oscar Centeno explicó sus anotaciones compulsivas y ubicó entregas en Uruguay 1306 (el departamento de Cristina Kirchner) y en la Quinta de Olivos. Para el fiscal, la secuencia concluye siempre igual: Muñoz recibiendo dinero en espacios vinculados a los Kirchner. De allí la frase central del requerimiento: la “principal receptora” sería Cristina Fernández.
Los arrepentidos completan el cuadro. José López dijo que coordinaba con Muñoz y aseguró que en 2011 habló del sistema directamente con Cristina. Carlos Wagner reconoció el régimen de “contribuciones”, Juan Chediack relató que López actuaba como emisario con línea directa a la ex presidenta y Ernesto Clarens afirmó que transmitía “órdenes” atribuidas a ella sobre cómo recaudar y distribuir contratos. Para Stornelli, eso no solo prueba conocimiento sino participación.
En las primeras jornadas del juicio por la Causa Cuadernos, la lectura de la acusación se centra en hechos concretos: pagos de Wagner en 2010 que salían de Baratta hacia Muñoz; seis entregas de IMPSA entre 2008 y 2010; aportes de Isolux Corsán y Electroingeniería, siempre con la misma coreografía: empresario–Baratta–Muñoz. En algunos episodios las sumas alcanzan los US$ 3 o 4 millones en un solo día.
El fiscal articuló esa arquitectura acusatoria durante 2018, pero en 2019 apareció un caso que correrá en paralelo a su investigación. Mientras avanzaba la hipótesis de una asociación ilícita encabezada por los Kirchner, emergieron escenas que lo colocaron en el centro de otro expediente sensible: el caso D’Alessio.
Complicado. La presencia de Stornelli en ese expediente incomoda incluso a los habitués de Comodoro Py. Porque, según las palabras del expediente, habría recurrido a una red de inteligencia ilegal para fines poco lícitos. La primera señal llegó con la denuncia de Pedro Etchebest, un productor agropecuario que se topó con Marcelo D’Alessio, un personaje ávido por mostrarse como espía. Según la Justicia, D’Alessio le pidió 300 mil dólares en nombre de Stornelli para evitar que lo implicaran en la causa Cuadernos. No fue una actuación improvisada: llegó con supuestos chats, audios, anotadores y una seguridad que solo se sostiene cuando uno se siente cerca del centro de gravedad del poder. Hubo una escena en Pinamar que fue clave. En el balneario CR, D’Alessio organizó un encuentro en el que Etchebest vio a Stornelli sentado junto a él. Al terminar la reunión, D’Alessio lo presentó ante el productor como si se tratara de un trámite administrativo. Un saludo breve, dos frases formales y una lectura inevitable: para Etchebest, ese gesto sellaba un pacto que jamás había consentido. Desde allí, la supuesta extorsión cobró impulso.
La mecánica se repitió en el caso del ex directivo de PDVSA, la petrolera venezolana, Gonzalo Brusa Dovat. No hubo un pedido explícito de dinero, pero sí una presión organizada para forzarlo a declarar ante Stornelli. D’Alessio lo trasladó en una Range Rover, acompañado por dos supuestos agentes de la DEA. El viaje fue intimidante y calculado: promesas de protección, advertencias veladas y la impresión de que la palabra decisiva sobre su testimonio la tendría quien llevaba la causa más caliente del país.
En ambos episodios, el Tribunal Oral Federal 8 que condenó a D’Alessio detectó un patrón: el nombre y el poder de Stornelli funcionaban como recurso central de la maniobra, aun sin pruebas directas de una participación activa suya. El expediente no alcanza a aclarar qué hizo Stornelli mientras su figura era utilizada como aval para operaciones turbias. No hacía falta que firmara ni que ordenara nada: bastaba con que su nombre estuviera disponible para que otros completaran la escena. Esa disponibilidad involuntaria —o no tan involuntaria— sigue siendo lo más incómodo en Comodoro Py. De aquellos días quedó también la imagen de que Stornelli se negó a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla. En la televisión se contabilizaron los días en que se mantuvo rebelde.
La segunda parte del expediente agrupa dos historias que cruzan Justicia, servicios de inteligencia y vida privada. Los protagonistas son el abogado José Manuel Ubeira y el piloto Jorge Christian Castañón. En ambos casos, el interlocutor de D’Alessio es el mismo: el fiscal Stornelli.
El plan contra Ubeira surge en una serie de chats reconstruidos por el Tribunal Oral 8 integrado por Sabrina Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli. Ubeira defendía a Oscar Thomas en la Causa Cuadernos y cuestionaba la actuación de la fiscalía. D’Alessio le mandó al fiscal videos de una cámara oculta. Stornelli respondió: “Dame una mano”. La devolución de D’Alessio fue inmediata: “Yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago”. Días después, D’Alessio informó que ya tenía “los datos del letrado atrevido”. Y avisó que el “plan con la cámara loca” estaba en marcha, en una sala de un hotel con cámaras propias. El Tribunal interpretó todo esto como un esquema delictivo destinado a montar una escena falsa para perjudicar a un abogado que cuestionaba la actuación del fiscal.
El caso del piloto Jorge Castañón transita una línea más íntima. Es el ex marido de la actual pareja de Stornelli, Florencia Antonini. Según el fallo, Stornelli le envió a D’Alessio una serie de mensajes describiendo a Castañón: que decía haber sido piloto de la Marina, que trabajaría en United, que era peruano nacionalizado y “bagayero”. D’Alessio respondió: “Ya me encargo”. Tres días después, el fiscal preguntó: “¿Averiguaste algo del peruano?”. Y D’Alessio ya aportaba un organigrama interno de United Airlines con el puesto, el jefe y el código interno del piloto. Luego lanzó la frase que el fallo subrayó: “Vos decidís si lo corto en USA o acá”. El Tribunal interpretó ese mensaje como una oferta para perjudicar a Castañón en uno u otro país. Stornelli no objetó la propuesta: preguntó qué podía hacerse y quedó en hablarlo en persona. D’Alessio incluso ofreció “ponerle algo en la valija” al piloto, para generarle problemas. En el juicio, Castañón confirmó la veracidad de los datos aportados por D’Alessio.
En ambas historias, los jueces aclaran que Stornelli no aparece como acusado porque nunca fue requerido formalmente como tal. Por limitaciones procesales no pueden avanzar sobre su responsabilidad penal. Pero aun con ese límite, los fundamentos lo sitúan en un rol central dentro del ecosistema que rodeaba a D’Alessio. El hilo conductor es el mismo: D’Alessio operaba como un ejecutor dispuesto a allanarle el camino al fiscal, ya fuera con cámaras ocultas, espionaje o maniobras en el filo de la ilegalidad. Y Stornelli recibía los informes, respondía y habilitaba la continuidad de esas acciones.
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