Después de varias semanas de discusión, sobre todo con los gremios, los concejales del PJ aprobaron ayer por mayoría la ordenanza que crea la Agencia Fiscal Municipal de Paraná, con la oposición de todas las bancadas minoritarias. Durante el debate, que duró casi tres horas, el oficialismo defendió la necesidad de la fundación de una nueva entidad que venga a reemplazar a la Dirección de Ingresos Públicos (Rentas) y las minorías fundamentaron de diferentes maneras su voto negativo. La Concertación Entrerriana habló de “ausencia de política tributaria”, la UCR se refirió a la “concentración de poder” y planteó dudas ante algunos artículos y el Frente para la Victoria y la Justicia Social sostuvo directamente que la Agencia “no tiene justificación”. El proyecto, del Departamento Ejecutivo, ingresó a mediados de abril al Concejo y a partir de allí se iniciaron las conversaciones con los empleados de Rentas, que veían sus derechos avasallados en el texto primigenio. Los concejales accedieron a modificar esos artículos y pero la redacción de los restantes se conservó casi en su totalidad. La sesión, pautada para las 11, comenzó a las 12.45 y se prolongó hasta pasadas las 15. Asistieron los empleados afectados, casi todos de la Asociación del Personal Superior, porque el otro gremio municipal, el Sindicato Unión Obreros y Empleados municipales (Suoyem), ordenó a sus afiliados no concurrir a la sesión, según informó una fuente a esta Hoja. El concejal Gabriel Molina (PJ) explicó por qué los concejales oficialistas consideraban “necesario dotar al Ejecutivo de un nuevo instrumento, ágil, dinámico, que permita obtener más recaudación”, facultándolo a que “maneje fondos propios concentrados en el mejoramiento” de los ingresos. “La autarquía viene a caracterizar las nuevas funciones del Estado municipal moderno, que no se limita a las funciones regladas en la 3001, limpiar, asfaltar, tender redes cloacales, sino que tiene otros roles: el desarrollo social, la integración” y para esto debe tener recursos. Recordó que al momento de asumir la gestión, la recaudación estaba en un 50 %. “Encontramos situaciones por las que la Municipalidad deja de recaudar: falta tecnología y falta de capacitación del personal para enfrentar contribuyentes poderosos, a quienes es difícil fiscalizar. Faltan insumos informáticos y conexión entre reparticiones, y sin inspectores capacitados no podemos decir cuánto se recauda en cartelería. No hay elementos para calcular la base imponible de la Tasa Comercial. Estamos frente a una estructura del Estado débil”, dijo Molina. Y subrayó que a partir de ahora el responsable de la Agencia deberá trazar un “plan de gestión” para engrosar el erario público, que será controlado por un Consejo Asesor de especialistas en materia tributaria. El concejal Martín Uranga (Frente para la Victoria y la Justicia Social) comenzó coincidiendo con el PJ en cuanto a que “el Estado municipal ha modificado sus funciones” pero adelantó su voto por la negativa por no encontrar “fundamentos que justifiquen la creación de un ente que reemplace el organismo existente”. Precisó: “Se habla de que se requiere capacitación, equipamiento, intercambio información con otros organismo, pero para esto no se necesita crear un ente autárquico, esas decisiones las puede tomar por decreto el Intendente. Se dice que el director ejecutivo de la Agencia hará un plan de gestión, pero el mismo director de Rentas puede hacerlo”, consideró Uranga. “En los fundamentos del proyecto, en referencia a la Dirección de Ingresos Públicos, se habla de antiguas estructuras con falta de flexibilidad, lentitud e incapacidad para asumir los cambios, que llevan a la rutina y a la ineficacia en la gestión -citó-. No comparto. Esos conceptos pueden hacerse extensivos a la totalidad del sistema administrativo municipal”, lo cual hablaría, para el concejal, acerca de la concepción que el Gobierno tiene del Municipio. “Tampoco se ha intentado aplicar una política fiscal o tributaria y han chocado con esta estructura orgánica, lo que podría ser otra causa de creación”, señaló y remató: “No creo en estructuras que por sí mismas vayan a ser eficientes. Con una misma ley ha habido buenas y malas administraciones”, dijo. Para la concejal Liliana Lampan (UCR), la Agencia casa con una “conducta que implica ir por todo el poder, a semejanza de lo que pasaba en los ´90, y que va contra la esencia de la democracia. Nos oponemos a la entrega de superpoderes a escala municipal: Macri (Eduardo, secretario de Coordinación Económica e impulsor del proyecto) pretende que lo convirtamos en un Alberto Fernández en miniatura para practicar discrecionalmente el manejo de los recursos”, dijo. Desde la bancada de la UCR, el concejal Horacio Piceda recordó que “la Agencia va a incidir en todos los contribuyentes” y entendió que la existencia de una “cuenta incentivo” para los empleados del ente generará “trabajadores de primera” y “trabajadores de segunda”. Por último, la concejal Ana Sione (UCR), observó omisiones en el texto a aprobarse. Acerca de las concesiones hechas por el oficialismo a los empleados (estabilidad, carrera administrativa, sueldo, adicionales), consideró que “al estar sujeto a reglamentación del Intendente el modo en que se realizará la adhesión del empleado a la Agencia, nada garantiza que estos derechos sean respetados luego”. También, tendió un manto de dudas acerca de qué pasará luego se expirado el plazo de seis meses que tiene el empleado “adherido” el ente autárquico para arrepentirse y volver a la administración municipal. El Concejal Martínez Garbino (Concertación Entrerriana) deploró que “no haya habido encuentros ni discusión con el Ejecutivo ni con los concejales oficialistas. Las modificaciones que se hicieron al proyecto (referidas al régimen laboral de los empleados que pasen desde la Dirección de Ingresos Públicos a la Agencia Fiscal) las hemos conocido muy recientemente y considero que, por la importancia que la norma tiene, estos cambios hubiesen ameritado una semana más de análisis”, dijo. Se refería a que las modificaciones fueron entregadas a las bancadas de las minorías momentos antes de iniciada la sesión. “Uno no puede generar herramientas cuando no sabe para qué las va a usar: aquí no hay una política tributaria, no hay una plan de acción a aplicar por el nuevo ente”, dijo por último.
