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Un 22% de los expedientes en la Justicia Federal mantiene su instrucción abierta; es decir, no avanzan más allá de esa primera fase de la investigación penal, que está a cargo de un juez y un fiscal, quienes posteriormente determinarán si corresponde acusar formalmente a los imputados de uno o más delitos y elevar el expediente a juicio.
* De ese 22% que permanece en instrucción, un 70% lleva más de seis años en esta etapa, considerando el momento en que el fiscal impulsó la investigación. Esta información proviene de una compilación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), procesada y analizada por Infobae, basada en datos publicados por la Corte Suprema en el Centro de Información Judicial (CIJ).
* Un 23% de las causas se archivaron, ya sea por sobreseimiento o porque la Justicia concluyó que lo denunciado no constituía un delito.
* Otro 21% de las causas cuya instrucción sigue abierta se resolvió en un plazo de entre 3 y 6 años, lo cual puede considerarse “rápido” para los tribunales, aunque no para el ciudadano común, según destaca un informe firmado por las periodistas Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, publicado en Infobae.
De los expedientes ya cerrados, el 33% también tuvo una resolución en ese plazo. Este es el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, denunciado en 2012 por la compra irregular de la imprenta Ciccone, quien fue condenado en primera instancia en 2018. En el otro extremo se encuentra la ex ministra de Ambiente, Romina Picolotti, denunciada en 2005, quien recién fue condenada en 2021 por haber pagado gastos personales con fondos públicos.
Entre los casos más emblemáticos se encuentran algunos más antiguos, como el de la ex ministra María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito; Carlos Menem por contrabando de armas, la venta del predio de La Rural y los sobresueldos cobrados por altos funcionarios durante su gobierno; así como su ex ministro Domingo Cavallo, quien también fue condenado en estas últimas dos causas.
Más recientemente, ex funcionarios kirchneristas también fueron hallados culpables, como Felisa Miceli, por la bolsa con dinero encontrada en su despacho; Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito y la compra de trenes chatarra, entre otros expedientes; Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi por la tragedia de Once; José López por los bolsos con USD 9 millones hallados en el convento de General Rodríguez; y Ricardo Echagaray por defraudación al Estado en la causa de Oil Combustibles.
La causa de Vialidad, que resultó en la condena a Cristina Kirchner por defraudación, tuvo un trámite relativamente más ágil que muchos otros expedientes que permanecen “cajoneados” debido a la lentitud de la Justicia o al tiempo político de los jueces. Mantener causas abiertas contra funcionarios o ex funcionarios sin resolver se convierte en una herramienta de “poder” para los magistrados, resalta el informe publicado por Infobae.
En Vialidad, la primera denuncia data de 2008 y fue presentada por Elisa Carrió y otros diputados de la Coalición Cívica, en el marco de una mega causa que surgió a partir de una presentación que detallaba diversas maniobras de corrupción en el kirchnerismo, presuntamente amparadas por Néstor Kirchner, su entorno y el entonces poderoso ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, entre otros funcionarios.
Este expediente fue fragmentado por el juez Julián Ercolini y no registró demasiados avances. La parte de obra pública vinculada al empresario patagónico cercano a los Kirchner, Lázaro Báez, se reactivó a principios de 2016 gracias a una presentación de Vialidad Nacional, ya bajo el gobierno de Mauricio Macri.
Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara de Casación a finales de 2017. En mayo de 2019 comenzó el juicio oral, y tras la pandemia, la condena se dictó en diciembre de 2022. La condena fue ratificada por la Casación casi dos años después, y la Corte rechazó el recurso de queja de la ex presidenta hace diez días. En total, desde los procesamientos a finales de 2016 hasta que se dictó una condena firme, transcurrieron casi nueve años.
Las denuncias por año
En el año en que Néstor Kirchner asumió la presidencia, tan solo se habían abierto 8 causas por hechos de corrupción. Este número fue incrementándose paulatinamente. En el último año del segundo mandato de Cristina Kirchner, 2015, se alcanzó la cifra de 135. Durante 2016, en el primer año de la presidencia de Macri, esa cifra prácticamente se duplicó, alcanzando 302 casos, un récord en los últimos 30 años.
El aumento de causas judiciales tras la salida del kirchnerismo no fue fortuito: después de 12 años de gobierno del matrimonio Kirchner, la llegada de Macri provocó cientos de denuncias, muchas de las cuales aún se encuentran abiertas.
Los funcionarios y delitos más denunciados
En los expedientes por corrupción abiertos en los tribunales de Retiro, el nombre de Cristina Kirchner aparece repetidamente, con 26 expedientes, seguido por el de Macri con 23.
La ex presidenta enfrenta cuatro causas que pueden agravar aún más su situación judicial. Una de ellas es Hotesur-Los Sauces, que involucra a sus empresas familiares, ya elevada a juicio oral, aunque aún sin fecha. Se le acusa de lavado de dinero y de ser jefa de una asociación ilícita, junto a su hijo Máximo Kirchner. Actualmente se encuentra en la instancia de resolución de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Diego Velazco.
En la causa de los “cuadernos de las coimas”, se la imputa también como jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas a empresarios que hacían negocios con el Estado entre 2003 y 2015. El juicio oral comenzará el próximo 6 de noviembre.
En la causa del Pacto con Irán, había sido sobreseída sin que se realizara el juicio, pero la Corte ordenó que se lleve a cabo, aunque aún no tiene fecha. Se le imputa encubrimiento agravado a los responsables del atentado a la AMIA. Este expediente se inició a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. En la causa por el dólar futuro, sin embargo, quedó sobreseída.
Además, a finales de mayo la Corte determinó que deberá continuar siendo investigada en la ruta del dinero K.
En el top ten también figuran el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
En cuanto a Macri, siendo aún jefe de Gobierno porteño, fue imputado en una causa por escuchas ilegales realizadas por la entonces Policía Metropolitana, cuyo primer jefe fue Jorge “Fino” Palacios. Fue procesado, pero en diciembre de 2015, apenas dos semanas después de asumir la presidencia, fue sobreseído.
Después de dejar el poder, fue procesado en noviembre de 2021 por el delito de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Sin embargo, esa decisión fue revertida por la Cámara de Apelaciones y se anuló la acusación.
Macri también fue sobreseído en 2024 en una causa tramitada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, que investigaba la supuesta existencia de una “mesa judicial” que presionaba a jueces y fiscales durante su presidencia. La Cámara Federal confirmó esa decisión. Además, fue sobreseído en la causa por presunta evasión fiscal tras la filtración de los Panama Papers. En la causa por la concesión de los peajes durante su gobierno, estuvo imputado, pero no formó parte del grupo de funcionarios procesados.
Por otro lado, Macri tiene varios expedientes abiertos: uno relacionado con la negociación de la deuda que Correo Argentino SA (empresa de la familia Macri) tiene con el Estado; otro sobre los parques eólicos, iniciado en 2018; y uno enfocado en el acuerdo firmado con el FMI, mediante el cual Argentina tomó una deuda de USD 45.000 millones.
En tercer lugar, entre los que tienen más causas abiertas aparece Julio De Vido. El ex ministro de Planificación Federal ha sido denunciado en su mayoría por administración fraudulenta y fraude en perjuicio de la administración pública, entre los delitos más comunes en la carátula de las causas. Sin embargo, fue absuelto en el juicio de Vialidad.
A continuación, se encuentra Alberto Fernández con 17 causas. El ex mandatario enfrenta su situación judicial más complicada en la causa donde la Justicia federal investiga el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios favorecidos en contratos con organismos del Estado, entre los cuales figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del ex mandatario. Fernández y otros involucrados fueron citados a prestar declaración indagatoria.
En cuanto a los delitos, los más denunciados son abuso de autoridad, violaciones a los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.
