Apenas el 14% de los jueces que integran las Cortes Supremas provinciales del país permitió el acceso a sus declaraciones juradas patrimoniales, luego de un pedido de información realizado por Ruido —miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación— y Connectas entre abril y mayo de 2025.
Eso ocurrió en seis provincias, aunque solo en dos de ellas se entregó la documentación de la totalidad de sus miembros. En las otras cuatro las respuestas fueron parciales. La mayoría de las autoridades rechazó la publicidad con el argumento de que cumplen la obligación ante organismos locales, pero manteniendo los formularios bajo reserva.
La presentación de declaraciones juradas por parte de los magistrados provinciales está regulada por las leyes de ética pública locales, las constituciones provinciales o por normas específicas que incluyen a los integrantes del Tribunal de Justicia, funcionarios y magistrados del Poder Judicial local, según consignó el portal elruido.org (*).
Sólo se pudo acceder a las declaraciones juradas de 19 magistrados. En dos provincias se obtuvieron las DDJJ de la totalidad de sus miembros: Córdoba (7), que respondió al pedido de acceso a la información, y Mendoza (7), que las publica en el portal de Ética Pública.
En otras cuatro provincias las respuestas fueron parciales. En Catamarca respondió únicamente la ministra María Fernanda Rosales Andreotti. En La Pampa, solo el ministro Fabricio Ildebrando Luis Losi. En Neuquén, el ministro Gustavo Mazieres compartió el enlace al expediente de su designación, donde figura su DDJJ. En Tierra del Fuego, fueron los ministros Javier Muchnik y Edith Miriam Cristiano quienes entregaron la información.
En Formosa no hubo respuesta oficial; el sitio web del poder judicial muestra las DDJJ de 2 de los 5 ministros, pero son registros antiguos: la de Ariel Gustavo Coll, de 2016; y la de Marcos Bruno Quinteros, de 2012.
También contestaron los ministros de las Cortes de Salta, Río Negro, Entre Ríos y Chaco, aunque en todos esos casos señalaron que las DDJJ fueron presentadas ante escribanías de gobierno, oficinas de investigaciones administrativas y de ética pública, la contaduría general del Poder Judicial o los tribunales de cuentas, y remitieron la consulta a esos organismos.
En Entre Ríos, además, se aclaró que las DDJJ son “secretas” y sólo pueden ser abiertas por el propio magistrado o por pedido de un juez en el marco de una investigación penal.
Las Cortes supremas de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán no respondieron al pedido. Tampoco lo hizo la Corte de la Ciudad de Buenos Aires.
Los datos se corresponden con la conformación de las Cortes a mayo de 2025.
“El máximo tribunal de Córdoba hizo públicos los patrimonios de sus miembros tras un pedido de información. El de Mendoza es el único que tiene las declaraciones juradas en un portal público. En Catamarca (sólo uno de los siete jueces), Neuquén (uno de cinco), La Pampa (uno de cinco) y Tierra del Fuego (dos de cinco) hubo respuestas parciales”.
Investigación sobre vínculos políticos de jueces
Los pedidos de DDJJ se realizaron junto con solicitudes de información sobre antecedentes laborales, con el propósito de identificar posibles vínculos políticos previos a la llegada de los magistrados a sus cargos.
Esa investigación de Ruido y Connectas, publicada el 8 de agosto de 2025, reveló que, de 138 jueces que integran las Cortes Supremas del país, 88 registran algún nexo político y/o laboral con funcionarios o gobiernos locales antes de asumir.
En la Justicia Federal, la Ley de Ética Pública establece que los magistrados del Poder Judicial de la Nación deben presentar la declaración jurada de sus bienes. El objetivo es que el Estado y la ciudadanía puedan controlar la evolución patrimonial de los funcionarios y usar esa información como herramienta para detectar posibles delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito.
Además, la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097), a las que adhirió la Argentina, prevén la implementación de “sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos de personas que desempeñan funciones públicas, posibilitando su publicación cuando así corresponda”.
“En Entre Ríos contestaron que son secretas. De 138 magistrados, 119 no entregaron lo solicitado. Cada provincia tiene su propio régimen de presentación de declaraciones juradas”.
Información oculta o secreta
La publicidad de estas declaraciones podría contribuir a recuperar la confianza pública y la legitimidad del Poder Judicial: según la consultora regional Latinobarómetro, en la Argentina apenas el 22% de la población confía en la Justicia.
“El Poder Judicial siempre es el más oscuro de todos los poderes en cuanto a la rendición de cuentas. Es necesario que los encargados de administrar justicia eleven los estándares de transparencia, y conocer la declaración jurada de los jueces es fundamental para saber si hay una evolución patrimonial anormal, o si pudiera existir un conflicto de intereses”, advirtió Pablo Secchi, director de la fundación Poder Ciudadano.
Para Fernando Ávila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, este relevamiento aportó “información muy valiosa y es muy bueno poder cuantificarla”, aunque no le resulta sorprendente.
“Si tenemos instituciones muy cuestionadas, es necesario trabajar para recomponer esos vínculos que se han roto con la sociedad. La generalización de esto nos advierte de que hay una sensación del ‘vale todo’. Eso obedece a que los ministros no sienten una inclinación o vocación a trabajar para que ese vínculo de deslegitimación se componga. Tampoco hay una demanda institucional ni social, ni reproche alguno que empuje a trabajar en la transparencia”, señaló.
(*) Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.
