Después de siete meses en concurso de acreedores, la cooperativa láctea SanCor se enfrenta a un pedido de quiebra presentado por empleados agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra). Este pedido se realizará con la intención de “continuidad de la explotación” y se presentará ante la Justicia en los próximos días.
En una asamblea celebrada hoy en Sunchales, localidad santafecina que alberga a la empresa, el sindicato decidió de manera “unánime y aclamada” recurrir a la Justicia con este reclamo. Los trabajadores exigen el pago de una deuda preconsursal que estiman en aproximadamente $69.000 millones, además de compromisos laborales impagos que se elevaron a $14.000 millones en los últimos meses.
“Para tomar esta decisión, la asamblea tuvo en cuenta no solo la deuda histórica preconcursal, que incluye mil ochocientos sesenta (1860) créditos de origen laboral, por los cuales la empresa reconoce adeudar sesenta y nueve mil millones de pesos ($69.000.000.000), sino también, y de manera fundamental, la falta de pago de salarios correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y el aguinaldo del primer semestre de 2025. Es decir, todas obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables de plazo vencido posteriores a la apertura del concurso. A esto se suman las cifras por aportes y contribuciones que no se depositaron en favor de la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y Atilra, acumulando en este breve lapso una deuda laboral que ya supera los catorce mil millones de pesos ($14.000.000.000),” declaró el gremio en un comunicado. Atilra se refirió a “incumplimientos reiterados”.
Cabe recordar que el 3 de febrero pasado, SanCor solicitó su concurso de acreedores. El juez a cargo es Guillermo Adrián Vales, del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe. En ese momento, la cooperativa manifestó: “Tras enfrentar una profunda crisis en 2017, se inició un proceso de reestructuración que ha ido cumpliendo diversas etapas. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas. Estas medidas permitieron una estabilización gradual de la situación que atravesaba la cooperativa”.
Con esta reestructuración, la empresa redujo su número de plantas de doce a seis. En medio de esta situación, durante el gobierno de Alberto Fernández, se evaluó una propuesta de un grupo de empresarios que planteaba un fideicomiso como solución para la compañía. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó. El grupo empresarial buscaba financiamiento público para tomar el control de la láctea, pero la firma continuó enfrentando graves dificultades.
