Un pedido de jury contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina fue presentado este viernes en la Cámara de Diputados. La iniciativa acusa a la magistrada de mal desempeño por un total de 660 ausencias injustificadas, uso indebido de bienes del Estado y por el impacto de su conducta en las cuentas públicas.
La presentación fue firmada por el docente Eugenio Jacquemain, histórico dirigente de la agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Gualeguaychú. Según confirmó ANÁLISIS, Jacquemain llegó a Casa de Gobierno pasada las 10 de la mañana y, acompañado por el profesor y dirigente César Baudino —ex secretario general del sindicato de docentes— se dirigió a la Mesa de Entradas de la cámara baja.
El escrito está dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y solicita la apertura del trámite para evaluar la conducta funcional de la vocal. Se sostiene que su actuación —respaldada por información oficial del STJ y por hechos de público conocimiento— “configura mal desempeño, afectación a los deberes de conducta, compromisos éticos incompatibles con la magistratura y vulneración del principio de independencia y probidad judicial”.
En el texto se citan las constancias oficiales del STJ y la investigación periodística de ANÁLISIS. “Surgen con claridad patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada”, señala el escrito.
El pedido detalla además las ausencias “reiteradas e injustificadas” que suman más de 660 días hábiles sin prestar funciones, en supuesto incumplimiento del régimen de licencias, y apunta a las demoras en la resolución de expedientes que eso habría provocado.
“Este patrón configura, por su extensión y persistencia, si no un grave abandono de funciones, una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial”, advierte la presentación.
También se cuestionan licencias por capacitación tomadas “en exceso de los reglamentos”, que según el escrito no se ajustan a las pautas establecidas —que no pueden superar los 20 días al año— y que en varios casos habrían implicado el cobro de viáticos que, estima la denuncia, no correspondían.
El tercer punto del pedido de jury apunta al uso indebido de recursos del Estado, en particular vehículos oficiales, choferes y viáticos. “De los registros del STJ surge que la vocal utilizó vehículos oficiales para viajes sin agenda institucional; requirió chofer designado, cuyos viáticos por día ascienden a aproximadamente 132 mil pesos más gastos de combustible; realizó viajes bajo conceptos genéricos (‘actividad institucional’, ‘académica’, ‘capacitación’) sin constancias que acrediten tal carácter; y participó de actividades de índole personal, partidaria, diplomática o propias de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), pero financiadas integralmente con fondos públicos”, enumera el escrito.
Los autores de la presentación sostienen que la utilización sistemática de recursos estatales para fines ajenos al cargo constituye “una desviación de poder y un abuso de bienes públicos, vedado a cualquier funcionario y especialmente grave tratándose de una vocal del STJ”.
Entre las medidas solicitadas, piden producir prueba para cuantificar el impacto en las cuentas públicas de los viajes efectuados por Medina y que se remita un oficio al STJ para que aporte la estadística de la Sala Laboral y de la vocal.
Finalmente, el pedido solicita que se declare configurada la causal de mal desempeño, se formule la acusación y se ordene la remoción de la magistrada de sus funciones judiciales.
En la presentación también se reproduce el título de una investigación anterior: “La embajadora judicial: Medina de Rizzo, entre ausencias, gastos y directivas poco claras”.
