En los tres casos, se trata de abogados con contratos de obra en el Concejo y en el propio Ejecutivo.En el caso del Juzgado de Faltas Nº 1, la aspirante ya fue nombrada provisoriamente hace un mes, luego de estar contratada como secretaria privada de Presidencia, desde el inicio de la gestión. Ello cosechó críticas, teniendo en cuenta que el cargo estaba vacante desde diciembre de 2005, cuando se acogió a los beneficios jubilatorios la doctora Graciela Miranda de Butus.Para los otros dos cargos, se propone crear un Tribunal de Alzada, que actué sobre las apelaciones que hasta ahora se recurrían al Concejo Deliberante.A cuatro meses de concluir la gestión, se desconoce si las autoridades electas están de acuerdo con la nueva estructura.
