<p>En las oficinas del Congreso nacional se negocia un acuerdo que, bajo la etiqueta de "cooperación tecnológica", podría alterar para siempre el <strong>destino de la información privada de los argentinos</strong>. El Gobierno de <a target="_blank" href="https://noticias.perfil.com/noticias/politica/el-video-de-milei-que-desmiente-a-su-oficina-de-fake-news.phtml?_gl=1*1tw0qst*_ga*ODI5MjE4ODUzLjE3NTI1MTM3MDc.*_ga_ZVLDWW22SP*czE3NzA3NTk2ODAkbzUzMiRnMSR0MTc3MDc1OTY5MyRqNDckbDAkaDA.&_ga=2.162807544.535183620.1770576378-829218853.1752513707"><strong>Javier Milei</strong></a> busca <a target="_blank" href="https://www.perfil.com/noticias/economia/el-acuerdo-con-estados-unidos-es-una-bomba-de-tiempo-en-la-omc-por-eduardo-valdes-dolores-gandulfo-matias-capeluto.phtml">ratificar un <strong>tratado con Estados Unidos</strong></a> que incorpora una cláusula central: reconocer a la potencia del norte como un país con <strong>"protección adecuada"</strong> de datos personales.</p> <p>Lo que a simple vista podría parecer un trámite administrativo es, en verdad, un volantazo geopolítico. Así lo interpreta el <strong>Observatorio de Derecho Informático Argentino </strong>(O.D.I.A.), cuyo presidente, el abogado <strong>Tomás Pomar</strong>, encendió las alarmas mediante un hilo en la red social X y en diálogo con PERFIL. "<strong>Declarar a un país 'adecuado' no es simbólico</strong>", advierten: implica que los datos —tus historias clínicas, tus finanzas, los registros del Estado— pueden<strong> fluir hacia servidores en EE.UU. de forma automática</strong>, sin salvaguardas adicionales.</p> <p style="text-align:center"><picture><source media="(max-width: 440px)" srcset="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/440/0/posteos-odia-10022026-2183873.jpg?webp"/><source media="(max-width: 1019px)" srcset="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/712/0/posteos-odia-10022026-2183873.jpg?webp"/><img style="max-width: 100%; width: 100%;" alt="Posteos O.D.I.A. 10022026" src="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/900/0/posteos-odia-10022026-2183873.jpg?webp" loading="lazy"/></picture></p> <p style="text-align:center"><picture><source media="(max-width: 440px)" srcset="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/440/0/acuerdo-argentina-eeuu-y-transferencia-de-datos-personales-10022026-2183883.jpg?webp"/><source media="(max-width: 1019px)" srcset="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/712/0/acuerdo-argentina-eeuu-y-transferencia-de-datos-personales-10022026-2183883.jpg?webp"/><img style="max-width: 100%; width: 100%;" alt="Acuerdo Argentina-EE.UU. y transferencia de datos personales 10022026" src="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/900/0/acuerdo-argentina-eeuu-y-transferencia-de-datos-personales-10022026-2183883.jpg?webp" loading="lazy"/></picture></p> <p>En términos jurídicos la diferencia es enorme. Implicaría que los datos personales puedan transferirse a EE.UU. sin trámites adicionales: lo que hoy se plantea como excepción pasaría a ser la regla. <strong>“La transferencia deja de ser excepcional y pasa a ser jurídicamente normal”</strong>, explicaron.</p> <h2>La sombra del caso Snowden </h2> <p>Para dimensionar la gravedad hay que mirar el mapa global. Argentina se alineó históricamente con el estándar europeo (<strong>Convenio 108 y 108+</strong>), considerado el más robusto en materia de derechos humanos y privacidad. En cambio, <strong>Estados Unidos es el país de los "escándalos de vigilancia".</strong></p> <p>Como recordó el periodista <a target="_blank" href="https://www.perfil.com/noticias/sociedad/santiago-odonnell-presento-filtraciones-una-mirada-sobre-el-poder-y-la-verdad-en-tiempos-de-desinformacion.phtml"><strong>Santiago O'Donnell</strong></a> en sus investigaciones sobre <strong>Edward Snowden</strong>, las filtraciones del excontratista de la NSA mostraron que las agencias de inteligencia estadounidenses pueden acceder masivamente a cualquier información alojada en infraestructura bajo su jurisdicción. Esto<strong> no es una teoría conspirativa: es ley</strong> en Estados Unidos (FISA Section 702).</p> <p>Por eso la Unión Europea ya anuló dos acuerdos previos con EE.UU. en los casos conocidos como <strong>Schrems I (2015)</strong> y <strong>Schrems II (2020)</strong>. El tribunal europeo concluyó que EE.UU. <strong>no ofrece garantías suficientes frente al espionaje estatal.</strong> "Ahora Argentina pretende asumir como suficiente un estándar que el mundo civilizado cuestiona por la<strong> relación promiscua entre infraestructura digital e inteligencia estatal</strong>", señalan desde O.D.I.A.</p> <p style="text-align:center"><picture><source media="(max-width: 440px)" srcset="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/440/0/posteos-odia-10022026-2183875.jpg?webp"/><source media="(max-width: 1019px)" srcset="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/712/0/posteos-odia-10022026-2183875.jpg?webp"/><img style="max-width: 100%; width: 100%;" alt="Posteos O.D.I.A. 10022026" src="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/900/0/posteos-odia-10022026-2183875.jpg?webp" loading="lazy"/></picture></p> <h2>El cerrojo legal que el Gobierno busca abrir</h2> <p>Hasta ahora la <strong>Ley 25.326 de Protección de Datos Personales</strong> funcionó como un dique protector. Su <strong>artículo 12</strong> establece una regla general: no se pueden transferir datos a países que no ofrezcan niveles de protección adecuados; ese es el concepto de "puerto seguro".</p> <p>En diálogo con PERFIL, Tomás Pomar desarmó la idea de que la información esté "atrapada" en las fronteras: <strong>"La transferencia hoy no está prohibida, está regulada. </strong>Explicó que, para migrar datos a países 'no seguros', se exige un <strong>consentimiento especial y explícito del titular</strong>. Al declarar a EE.UU. como 'adecuado', ese requisito desaparece y la transferencia deja de ser una excepción vigilada para convertirse en norma estructural."</p> <h2>¿Por qué EE.UU. nunca entró al "club de los seguros"?</h2> <p>Actualmente, Argentina reconoce a un grupo selecto de jurisdicciones mediante la Disposición 60-E/2016 y la Resolución 34/2019 (que sumó al Reino Unido tras el Brexit). En esa lista figuran la <strong>Unión Europea, Uruguay, Israel y Nueva Zelanda</strong>, jurisdicciones que, tras auditorías técnicas de la <strong>Agencia de Acceso a la Información Pública </strong>(AAIP), demostraron estándares de privacidad equivalentes a los nuestros.</p> <p><strong>Estados Unidos siempre fue el gran ausente.</strong> No por falta de peso comercial, sino por una incompatibilidad de fondo: mientras el modelo argentino y el europeo <strong>protegen el dato como un derecho humano</strong>, el modelo estadounidense trata al dato como un <strong>activo comercial sujeto a la vigilancia</strong> de sus agencias de inteligencia.</p> <p>Para el O.D.I.A., el cambio que se pretende introducir elude el análisis técnico que antes se realizaba: hasta ahora se evaluaba si la ley del otro país protegía realmente a los argentinos; ahora se buscaría declarar la “adecuación” por <strong>una decisión política</strong>, pese a que la justicia internacional ya puso en duda la seguridad de servidores bajo jurisdicción estadounidense.</p> <p>El movimiento no solo modificaría la seguridad jurídica de los usuarios. Como advierte Pomar, también <strong>puede alterar el trabajo cotidiano de miles de empresas locales</strong>, que tras la firma podrían ver sus bases de datos migrar a infraestructuras en las que el Estado argentino carece de control efectivo y de mecanismos reales de reclamo.</p> <p>En este sentido, O.D.I.O fue tajante al desarmar los argumentos oficiales. Mientras el canciller, <a target="_blank" href="https://www.perfil.com/noticias/politica/argentina-firmo-un-acuerdo-estrategico-con-estados-unidos-sobre-minerales-criticos.phtml"><strong>Pablo Quirno</strong></a>, sugirió que esto es comparable a aceptar los términos de TikTok, Pomar aclaró a este medio la asimetría: "Un usuario toma una decisión privada; un tratado fija <strong>reglas estructurales para todo el país</strong> y limita la capacidad futura de regular".</p> <p style="text-align:center"><picture><source media="(max-width: 440px)" srcset="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/440/0/posteos-odia-10022026-2183874.jpg?webp"/><source media="(max-width: 1019px)" srcset="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/712/0/posteos-odia-10022026-2183874.jpg?webp"/><img style="max-width: 100%; width: 100%;" alt="Posteos O.D.I.A. 10022026" src="https://fotos.perfil.com//2026/02/10/900/0/posteos-odia-10022026-2183874.jpg?webp" loading="lazy"/></picture></p> <p>El informe cita el caso reciente del juez de la Corte Penal Internacional, el francés <strong>Nicolas Guillou</strong>: tras aprobar en 2024 órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, fue sancionado por Estados Unidos y perdió acceso a su iPhone, sus correos y sus cuentas bancarias. Desde el Observatorio indicaron que ese antecedente muestra que la discusión va más allá de la privacidad individual. “<strong>Si alojás todos los servicios del Estado afuera y mañana recibís una sanción de ese país, perdés tus activos digitales. Te desconectan y no tenés a quién reclamar</strong>”, alertó Pomar a PERFIL. </p> <p>Este fenómeno es lo que los académicos Nick Couldry y Ulises Mejías denominan <strong>"colonialismo de datos"</strong>: la extracción de información desde la periferia (nosotros) hacia el centro (EE.UU.), donde se concentran el control, la infraestructura y las ganancias. Argentina, al desfinanciar proyectos como el <strong>Datacenter de ARSAT</strong> en Benavídez (uno de los más seguros de la región), abandona la idea de una infraestructura soberana para optar por lo que Pomar llama "el monorriel": soluciones aparentes que ocultan problemas estructurales.</p> <h2>Qué se juega en el Congreso</h2> <p>El tratamiento y debate legislativo serán determinantes. El <strong>Congreso </strong>debe decidir si entrega la llave maestra de los datos de salud, finanzas y servicios públicos a la órbita de jueces y agencias de inteligencia extranjeras.</p> <p>Las firmas argentinas que gestionan información sensible quedarían vinculadas a una jurisdicción que, por ley, privilegia su propia "seguridad nacional" por sobre los derechos de privacidad de ciudadanos extranjeros. Este movimiento no solo desprotege al usuario, sino que quebranta una <strong>tradición de vanguardia</strong>: Argentina fue durante años un referente regional en protección de datos personales y, según el organismo, la medida implicaría un quiebre respecto de ese estándar histórico.</p> <p>Como advierte Tomás Pomar, no se trata de una "solución mágica" para modernizar el Estado, sino de una decisión que define, en última instancia, <strong>dónde reside el poder: </strong>el riesgo es perder la capacidad de auditar y controlar los activos digitales propios del país.</p> <p>PERFIL <strong>consultó al Gobierno nacional </strong>para conocer su posición oficial, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. Mientras tanto, queda en el aire la pregunta: ¿estamos ante un simple acuerdo comercial o entregando la última palabra sobre nuestra identidad digital?</p> <p><em>ML</em></p>
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