Este reconocimiento se produce en el contexto de un juicio abreviado acordado entre el exfuncionario, quien se defiende a sí mismo por ser abogado, y el Ministerio Público Fiscal (MPF), liderado por Gonzalo Badano y Patricia Yedro. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, es el encargado de decidir si se homologa o se rechaza el acuerdo. En los próximos días se conocerá su determinación.
Si el acuerdo es rechazado, Smaldone deberá esperar el juicio oral y público previsto para el año próximo, dado que la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) ya ha sido clausurada.
Smaldone aceptó cumplir una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, además de pagar una multa de 90.000 pesos y realizar trabajos comunitarios.
No obstante, la causa podría continuar en otro fuero de la Justicia, dado que los fiscales han anticipado que la Fiscalía de Estado reclama, por vía civil, una reparación por el daño causado al erario público entrerriano.
La trama
El fiscal Badano presentó los detalles de las pruebas contenidas en la IPP. Las consideró “contundentes” y que evidencian “una forma de actuar coordinada”. El empresario titular de Relevamientos Catastrales S.A. recibía información antes de la realización de las licitaciones para contratar un servicio integral de software para el Ministerio de Trabajo, con el fin de presentarse y resultar ganador.
Badano indicó que la empresa facturaba consultorías para evitar ser descubierta. Además, detalló correos electrónicos en los que se menciona “pagos”.
La investigación contenida en la solicitud de remisión a juicio señala que, al menos desde mayo de 2012, el entonces Ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, habría comenzado negociaciones con Cardona Herreros. Según el requerimiento, el empresario le habría comunicado de manera anticipada a Smaldone las prestaciones y condiciones para los nuevos pliegos de especificaciones técnicas de las licitaciones, diseñando un traje a medida para su empresa.
En una llamada, Relevamientos Catastrales S.A. se presentó como única oferente con una propuesta económica de 550.000 pesos mensuales por 36 meses, lo que totaliza 19.800.000 pesos. El sobreprecio presuntamente acordado previamente entre el empresario y los funcionarios habría sido de aproximadamente 155.000 pesos mensuales.
El requerimiento de elevación a juicio detalla las sumas que supuestamente habrían recibido los funcionarios implicados durante al menos 36 meses: Smaldone, 50.000 pesos mensuales; Urribarri, 40.000 pesos mensuales; Luis Erbes, 20.000 mensuales; y Carlos Marcelo Haidar, Director de Informática, 5.000 mensuales.
En la solicitud de remisión a juicio se incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, documentos manuscritos, facturas, pasajes y otros comprobantes. Se documentan también pasajes aéreos a Sudáfrica que muestran que un grupo de amigos, compuesto por Smaldone, el cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera, y tres hijos de Urribarri, disfrutaron del Mundial de Fútbol 2010. Todo habría sido financiado por Cardona Herreros, o más precisamente, por los entrerrianos.
La causa Coimas
Esta causa, que ya ha sido elevada a juicio, investiga contrataciones millonarias del Estado provincial a empresas dirigidas por el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros (principalmente Relevamientos Catastrales) durante las dos gestiones de Urribarri.
Los principales acusados en esta causa son el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Cardona Herreros. También están imputados el secretario de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes; el Director de Informática de la Provincia, Carlos Haidar; Miguel Ulrich y Humberto Flores.
