Tras una recorrida por la Unidad Penal N°1 junto a funcionarios provinciales y judiciales, la jueza de Ejecución Penal de Paraná, Cecilia Bértora, describió la realidad del sistema penitenciario entrerriano y enumeró tanto el trabajo que se está realizando como las carencias existentes. Subrayó que hace falta mucho más “para trabajar en reinserción”.
En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bértora explicó que “no hubo una reunión posterior a la visita en la cárcel como para hacer un análisis” y detalló que participaron “referentes judiciales, referentes del Poder Ejecutivo como María Ema Barbagna de Derechos Humanos, y Sergio Avero y otro secretario del ministro Néstor Roncaglia; referentes del Comité provincial contra la tortura que tiene nuevas autoridades”.
La magistrada señaló que “fue una visita distinta porque yo siempre recepto todos los pedidos de los internos y en esta ocasión se lo delegué a los delegados judiciales para que lo hicieran ellos. Más que nada la visita fue para mostrar las condiciones edilicias, que hay muchos pabellones que no tienen ventilación ni luz de sol, y solamente tienen una hora de recreo por semana, más allá de los que pueden recibir visita en otro momento de la semana, tienen cuatro horas para salir de ese encierro total, completo, oscuro y asfixiante”.
Respecto de los internos con penas cortas, remarcó que “El motivo principal de la visita fue mostrar que esas personas, sobre todo quienes tienen penas cortas que es un tema que estamos trabajando ahora con la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, están año, año y medio, 8 meses, dependiendo de la condena, sin recibir ningún tipo de tratamiento. Por eso estamos pidiendo a instituciones como UNER, UADER, Consejo General de Educación –que estuvieron presentes en otra reunión del Comité provincial contra la Tortura- que den cursos cortos y se ocupen de esta gente para sacarla de este encierro tan asfixiante, para interesarlos, motivarlos y darles algo para que la cárcel no sea solamente encierro. Es muy difícil estar encerrado 24 horas todos los días de la semana, una sola hora de recreo a la semana es muy poco”.
Aclaró, no obstante, que “hay pabellones que tienen patio, que tienen salidas, pero hay que pensar que es una población muy vulnerable porque es gente joven y analfabeta”.
Bértora valoró la cercanía entre las autoridades y los internos durante la visita: “todos tomaron referencia directa con los internos, hablaron, preguntaron, y tuvieron contacto todo lo que quisieron, porque esa era la idea de la visita, no que yo fuera con un discurso, mostrara lo que a mí me parecía y que cerráramos ahí, sino que ellos mismos se dieran cuenta cuales son las condiciones de habitabilidad y de todo lo que quisieran saber. Por otro lado, que sepan que no tienen o tienen muy poca asistencia psicológica, algunos tienen cada tres meses y algunos pasan un año y no han visto al psicólogo ni una sola vez”.
En cuanto a las iniciativas en marcha, comentó que “se viene trabajando con distintas instituciones, pero más que nada en casos puntuales, para tratar de no imponer penas cortas sino otros institutos como semi detención, con Ema Barbagna tratando temas de violencia de género para ver quién puede dar aportes para darle tratamiento y también para el tema de las adicciones. El problema es que hoy se hace con casos puntuales y lo que tenemos que hacer es apuntar a una solución integral en relación a toda esa problemática porque las condiciones edilicias no las vamos a modificar de un día para el otro, pero sí tal vez podamos conseguir cursos de verano y demás, porque hay que tratar de movilizar a los internos para sacarlos de los pabellones y ver si se puede estimularlos para que empiecen a adquirir algunas herramientas de socialización ya que hoy se está funcionando en sentido inverso”.
Sobre la necesidad de recursos y la falta de capacidad en las cárceles, la jueza afirmó que “se está trabajando para ampliar el número de cupos, pero habría que llevar gente a Federal, aunque en esa unidad ya no se puede poner más gente sino, por el contrario, hay que ir descongestionándolas”. Añadió que “el cupo en las cárceles no solamente tiene que ver con una cama y un colchón, sino que tiene que ver con escolarización, con atención de salud, con tratamiento psicológico, de adicciones, es decir que es complejo”.
Al abordar el perfil de las penas cortas, indicó que “La mayoría de las penas cortas tienen que ver con violencia de género o temas que tienen que ver con el consumo, por robos, hurtos, situaciones que se dan porque la forma de vida de la persona es delinquir para poder seguir consumiendo. En general tienen penas de un año, donde no se los trata, y entonces están guardados un año, vuelven a salir y no lo hacen mejor. Por eso la idea era sensibilizar a todo el contexto de la esfera penal, como del Ejecutivo y otras instituciones, para ver si se pueden generar algunos dispositivos para que no estén todo el tiempo encerrados sin darle herramientas y así darles algún tipo de tratamiento. Hay que reforzar el tema psicológico y de adicciones, pero tiene que ser de manera integral, no un caso cuando llega a una audiencia. Si una persona está privada de libertad por violencia de género, no se puede resolver el problema con tratamiento psicológico una vez al mes o cada dos o tres meses y un curso. Hay que apuntar a darle mayores herramientas a las personas”.
Sobre el crecimiento del número de detenidos, explicó que “el crecimiento de la población de la ciudad o la provincia va aumentando y con eso siempre habrá más cantidad de delitos y crece también la población penal. Lo que causó un escalón muy grande es el cambio de sistema, cuando se pasó al acusatorio y se empezaron a hacer los abreviados con gran cantidad de condenas, y también cuando el narcomenudeo pasó a formar parte de la esfera provincial, generó mucha cantidad de internos relacionados a ese delito. Y también la política que cambió en relación a violencia de género”.
Pese a las limitaciones, valoró que “se está trabajando, y aunque no es suficiente lo que se está recibiendo, frente a otras épocas en que realmente no había nada de inversión en este rubro, celebro lo que se está haciendo. Lo que pasa es que estamos muy lejos de lo que se necesita para trabajar en reinserción”.
En relación con las adicciones dentro de los penales, planteó que “en muchos pabellones se pueden esconder muchas cosas, desde chip de teléfono hasta droga, en los sobre techos y cielorrasos también, por eso los perros cumplen una función fundamental en las requisas; los scanner como siempre están en carpeta, pero no han llegado y no hubo nunca posibilidad de implementarlos para controlar el ingreso de droga. En gobiernos anteriores, cuando se detectaba un penitencio que consume sustancias no se hacía nada, pero hoy la mirada y la política que se aplica es otra y si hay un funcionario penitenciario que consume es separado de su función y se le da un tratamiento, porque es un riesgo muy grande tener un penitenciario intoxicado cumpliendo funciones”.
Bértora recordó además que cuando asumió como jueza de Ejecución en 2013 “en la cárcel de Paraná los detenidos no llegaban a 500 y hoy hay el doble, más o menos 1.000; mientras que los empleados del Juzgado son la misma cantidad, son ocho”.
Hizo un diagnóstico del sistema: “Todo el sistema está mal, porque se creó un tercer Juzgado de Ejecución en Concordia porque había 2.200 internos, y así poder distribuir lo que tenían el Juzgado de Paraná y de Gualeguaychú. Pero lo que sucede es que el Juzgado de Gualeguaychú en este momento tiene 400 causas, el de Concordia tiene 1.200 y el de Paraná tiene 1.000. Concordia es el lugar critico porque además no tienen una cantidad de empleados importante, creo que son cuatro, y están bastante complicados con la tramitación de las causas, y en algún momento eso va a estallar. Por esto, hemos pedido más personal y redistribución de causas”, concluyó.
