La decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, provocó una rápida reacción en diversos sectores del sindicalismo argentino.
Varios sindicatos anunciaron medidas de fuerza, que incluyen paros y movilizaciones, como respuesta a lo que consideran una maniobra de persecución judicial.
Uno de los primeros en manifestarse fue ATE Capital, que declaró un paro y movilización en oposición al fallo. “El pueblo organizado no permitirá este grave atropello”, señaló el gremio en un comunicado en el que también afirmaron: “Paramos y movilizamos, defender a Cristina es defender la democracia”.
La cúpula del sindicato estatal, liderada por Daniel “Tano” Catalano, se reunió con otros dirigentes gremiales, inicialmente convocada en la sede de SMATA y luego trasladada al Partido Justicialista, donde también estuvo presente la expresidenta.
En ese contexto, las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, publicaron un documento conjunto titulado “Contra la proscripción de Cristina – En defensa de la democracia”. En el texto, firmado por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, expresaron su rechazo anticipado al fallo, al que calificaron como “un operativo judicial”.
Afirmaron que se trataba de una acción llevada a cabo por el “triunvirato que ocupa la Corte”, a quien acusaron de actuar como “brazo ejecutor de los poderes fácticos”.
“La sentencia contra CFK estaba escrita antes de que comenzara el juicio”, afirmaron en el comunicado. Para ambas centrales, la resolución del máximo tribunal representa una “vendetta política” dirigida directamente contra los logros populares obtenidos en los últimos años.
“Ratificamos nuestra disposición a enfrentar la proscripción, tal como lo hicimos en otros momentos críticos de la historia argentina”, advirtieron, rememorando las resistencia previas a dictaduras y gobiernos de facto.
Simultáneamente, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), bajo el liderazgo de Juan Carlos Schmid, expresó su rechazo a lo que definió como un “ataque que recibe Cristina Fernández de Kirchner de la Justicia”. La CATT, que agrupa a más de treinta sindicatos del transporte terrestre, aéreo, ferroviario, portuario y fluvial, afirmó: “Nos oponemos a la proscripción y la persecución política contra CFK”.
El comunicado de la CATT destacó una “creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución y proscripción política”, especialmente en períodos electorales, mediante “fallos irregulares y operaciones mediáticas que intentan condicionar la voluntad popular”.
Schmid, quien también dirige la FeMPINRA, comparó la situación con lo sucedido en Brasil con Lula da Silva, al señalar: “Se reproducen medidas de dudosa legalidad impulsadas por actores poderosos que nunca abandonan la escena política, aunque no se perciban”.
En la misma línea, la CATT subrayó: “No tendremos democracia plena sin la libre participación de todos y todas”. Por ello, expresaron su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, a quien definieron como “quien fuera dos veces presidenta del país”.
El anuncio de estas medidas se produjo en un contexto de expectativa por una resolución que ya había comenzado a movilizar al sindicalismo. Mientras desde el oficialismo se optaba por “respetar las instituciones”, sectores del peronismo y del movimiento obrero organizaban diversas acciones que incluían concentraciones, cortes sorpresivos y planes de lucha que se desplegarían en las próximas horas.
El escenario, marcado por la tensión entre la dirigencia sindical y el gobierno, también reflejó un malestar creciente dentro de las filas gremiales ante lo que consideran una falta de diálogo con la Casa Rosada.
Esta percepción fue planteada por Andrés Rodríguez, titular de UPCN, quien describió un “conflicto continuo” derivado de la actitud “tan cerrada” del Ejecutivo nacional.
Desde el Instituto Patria no descartaron que otras organizaciones más alineadas con el kirchnerismo opten por adoptar medidas similares, configurándose así un nuevo capítulo en la disputa entre el sindicalismo combativo y el poder judicial.
