En un contexto de vacío legal se desenvuelven los hogares que contienen a las personas mayores, tanto en la ciudad como en la provincia. La falta de una herramienta o marco jurídico origina la perpetuidad de situaciones anómalas, falta de controles, exigencias y condiciones del servicio que se presta, garantizando los derechos y obligaciones a estas entidades, a los pacientes y a sus familias.Se trata incluso de una vieja demanda del sector privado de prestadores, para que tanto la esfera privada como pública se adapten a las complejidades que demanda la atención de los ancianos.A fines de 2007 se sancionó en la Legislatura provincial una ley que pretendió regular el funcionamiento de los geriátricos y hogares gerontológicos. La norma fue promulgada el 10 de enero de 2008 bajo el número 9.823, pero nunca fue reglamentada.En tanto, días atrás, el concejal Emanuel Martínez Garbino (Concertación Entrerriana) presentó una iniciativa de carácter similar en el Concejo Deliberante. La propuesta fue derivada para su estudio en comisión.Sin diálogo. “Tenemos conocimiento de la iniciativa en la Municipalidad. De todos modos, esperamos ser convocados”, dijo el secretario general de la Sociedad Entrerriana de Gerontología y Geriatría, Mario Vivas.La entidad que reúne a los propietarios de residencias para la tercera edad remarcó su apoyo a la sanción de un marco normativo de la actividad. Y citó por ejemplo que a nivel ciudad, “al menos se pide una habilitación municipal, pero en el interior de la provincia faltan controles”. Así, se incurren en graves incumplimientos, como geriátricos que funcionan a puertas cerradas.Los prestadores destacan la necesidad de que se contemplen diversos aspectos de la atención personalizada y especializada de los pacientes.La norma sancionada en 2007 tenía como propósito dar un marco normativo, pero tomó como base un proyecto que databa en la Legislatura de 10 años. Tal situación derivó en la aparición de dificultades que imposibilitaron su reglamentación.Entre otros puntos, contemplaba la imposibilidad de funcionar al mismo tiempo como residencias gerontológicas y geriátricas. La reglamentación correspondía a Salud Pública en el caso de los geriátricos, y al área de Adultos Mayores para los gerontológicos.Los prestadores cuestionaban que según esa ley, un paciente enfermo debería ser atendido en centros de geriatría. Lo contradictorio de esa diferenciación -marcaron sus críticos- es que a esa edad, las enfermedades aparecen constantemente. Esto provoca que cambien permanentemente de hospedaje. Otra iniciativa en la ciudadLa ciudad tampoco posee una norma local al respecto. Incluso, la difusión de casos de irregularidades en Buenos Aires provocó que en 2005, durante la anterior gestión municipal, el entonces intendente Julio Solanas elevara un proyecto al Concejo Deliberante que nunca prosperó. Igual suerte tuvieron otras similares.Días atrás, el concejal Emanuel Martínez Garbino presentó un proyecto de ordenanza “sobre habilitación, control, registro y regulación de instituciones o servicios gerontológicos y geriátricos”. Está en estudio en las comisiones de Salud y Medio Ambiente y de Legislación e Interpretación del Concejo Deliberante. El objetivo, según se apuntó, es la protección de los adultos mayores que se alojan en estos establecimientos, al resguardo de sus derechos a vivir dignamente, y a velar por su seguridad supervisando las condiciones de prestación de dichos servicios. (Fuente: Diario UNO)
