Continuó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná el juicio oral y público que se le sustanció al ex intendente justicialista de Bovril que se desempeño durante el cuatrienio 1999-2003, y alcanzó a la totalidad del Consejo Consultivo de aquella localidad ubicada en el Departamento La Paz. Todos fueron procesados del delito de Peculado de servicios y Exacciones ilegales.Según la requisitoria de elevación a juicio, de los 900 planes Jefas y Jefes de Hogar que se entregaron a Bovril desde el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, alrededor de 200 no tuvieron el destino original; que era el de cumplir tareas en organismos públicos, sino que fueron derivados para prestar servicios en empresas e incluso en casas de familias como servicio doméstico.Ante los vocales Roberto López Arango, Lilian Carnero y Marina Barbagelata, prestaron declaración testimonial cuatro personas. Entre estas hubo tres funcionarios nacionales del Ministerio de Salud y Acción social de la Nación que prestan servicio en Paraná, y el entonces jefe de la comisaría local.La importancia de las declaraciones de los funcionarios nacionales residió en el conocimiento que poseen acerca de la instrumentación de los planes de marras, puesto que son la autoridad de aplicación de aquellos.Marcos Rodríguez Allende, uno de los abogados defensores junto a Leandro Dato y Nancy Vinagre, señaló a UNO que “la jornada de hoy (por ayer) fue muy positiva porque los testigos relataron con claridad la situación de crisis que vivía no sólo la provincia, sino el municipio de Bovril y el país”. En ese sentido consideró importantes los testimonios de los funcionarios porque, señaló que “ante esta situación, explicaron cómo se dio inicio al procedimiento de aplicación de los planes Jefas y Jefes de Hogar y cómo estaba conformado el Consejo Consultivo”.Rodríguez Allende opinó que “es muy importante destacar, que no necesariamente al Consejo Consultivo debía estar formado por funcionarios públicos, por el contrario, aquel estaba formado por ciudadanos del lugar que realizaban distintas tareas, algunas privadas, comerciales, profesionales”, y evaluó que “esto está perfectamente aclarado”.Otro punto que surgió de los testimonios de ayer y que el letrado resaltó, estribó en “la confusión que tenían los mismos empleados que trabajaban y debían controlar estos planes Jefas y Jefes de hogar, ya que no había una normativa específica y clara respecto a esto”, y agregó: “Por el contrario, todo era bastante ambiguo y las reglamentaciones iban cambiando día tras día en este sentido”.Rodríguez Allende también destacó que los testigos coincidieron en que “a ciencia cierta no se pudo comprobar que había una prohibición expresa a que los beneficiarios de estos planes podían realizar tareas en entidades privadas. Esto no está determinado, no había una prohibición”, por lo que finalizó considerando que “respecto a lo que estamos discutiendo no hay delito alguno a imputar”.El hechoLa causa llegó a los estrados judiciales impulsada por el fiscal Federal Guillermo Marijuán, quien está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social. Así, el funcionario entendió necesario investigar la distribución de 900 planes sociales de Bovril porque se habrían entregado en medio de una serie de irregularidades.Los imputados comparecen por el delito de Peculado (Malversación) de Servicios prestados por beneficiarios del programa nacional jefes y jefas de hogar, en favor de terceros vecinos de Bovril en concurso ideal con el delito de Exacciones ilegales. Lo último en relación a que, desde el 3 de abril de 2002, fecha de creación del programa, hasta agosto de 2003 diferentes personas pagaban un canon mensual al Consejo Consultivo por recibir el trabajo efectuado por los beneficiarios. (Uno)
