A lo largo de seis meses, un avión privado Bombardier Global 5000 realizó siete vuelos entre Estados Unidos y Argentina. No se trataba de un jet cualquiera, sino de uno perteneciente a Leonardo Scatturice, un empresario argentino con residencia en Miami, conocido por sus vínculos estrechos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el grupo cercano al presidencial Javier Milei, y círculos de cabildeo de Donald Trump. Cada uno de estos vuelos, como ha reconstruido elDiarioAR y se confirma en una reciente presentación judicial, estuvo acompañado de un preciso entramado de valijas, reuniones en Casa Rosada y concesiones públicas. En la actualidad, esta red es objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
El origen de esta causa se remonta a un vuelo aparentemente menor, pero lleno de implicaciones. El 26 de febrero de 2025, el jet —entonces con la matrícula N18RU— aterrizó en Aeroparque con más de diez valijas, aunque solo cinco fueron declaradas ante la Aduana. La única pasajera a bordo era Laura Belén Arrieta, de 32 años, exazafata y actualmente empleada de OCP Tech y COC Global Enterprise, dos empresas fundadas por Scatturice. La PIA abrió una causa de oficio por presunto contrabando, y lo que parecía ser un incidente aislado terminó por revelar una compleja red política, financiera y diplomática con ramificaciones internacionales.
De acuerdo con registros públicos, Arrieta trabajó en al menos dos aerolíneas comerciales y cuenta con formación en una escuela para tripulantes de cabina ejecutiva. En la actualidad, forma parte del equipo de OCP Tech, socio local de Cisco, además de ser tesorera de CPAC Argentina Inc, una entidad registrada en Florida que organizó la filial local de la Conservative Political Action Conference. En Casa Rosada admiten haber tenido trato directo con Arrieta durante la organización del evento que tuvo lugar en diciembre en el Hotel Hilton, donde fue fotografiada junto a Milei y otros funcionarios. Su supervisor directo es Scatturice, y su papel fue fundamental en la logística local de la conferencia, que sirvió como un trampolín para relaciones internacionales vinculadas al régimen de Milei.
Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez descubrieron que la documentación oficial del vuelo falsificaba el origen del avión, afirmando que provenía de Fort Lauderdale cuando en realidad había despegado de Opa Locka, otro aeropuerto en Miami. Esta discrepancia es crucial, ya que la trazabilidad ADS-B, una tecnología de monitoreo aeronáutico, permitió reconstruir los movimientos reales del avión. Detrás de este itinerario, se reveló una red de relaciones que conecta la inteligencia argentina con el aparato libertario y la ultraderecha estadounidense.
La llegada de Arrieta, divulgada inicialmente por La Nación y desmentida por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue confirmada por imágenes de seguridad que se incluyen en la causa, en las que se observa cómo ella y los dos tripulantes evadieron los controles de equipaje. Durante los trece días que el jet permaneció en Buenos Aires, sus movimientos no fueron registradas oficialmente. Según la denuncia, la aeronave fue almacenada en un hangar de Royal Class —también vinculado a Scatturice— lo que le permitió operar sin controles migratorios o aduaneros visibles.
Todo comenzó un mes antes. El 24 de enero de 2025, a las 21:38, el mismo avión aterrizó por primera vez en Buenos Aires. Pertenecía a COC Global Enterprise LLC, registrada a nombre de Scatturice. Una semana y media después, el 6 de febrero, la aeronave regresó a Estados Unidos. Junto a Arrieta viajaba Víctor Du Plooy, director comercial de Surjet y oficial de negocios de Tactic COC LLC, empresa que, apenas seis días después, el 12 de febrero, firmaría un contrato con la SIDE.
El contrato entre Tactic y la SIDE, firmado por Soledad Cedro, CEO de la empresa y vicepresidenta de CPAC Argentina Inc, y Sergio Neiffert, titular del organismo, establece un pago mensual de 10.000 dólares para que la firma funcione como “enlace entre la Presidencia de la Nación y sus homólogos en Estados Unidos”. Esta cifra resulta notablemente baja, ya que países como Vietnam llegan a pagar hasta 200.000 dólares por servicios similares. Un informe presentado ante la PIA por el diputado Rodolfo Tailhade sostiene que este contrato funcionó como fachada para triangular fondos reservados. Cedro, Arrieta y Scatturice están registrados como agentes extranjeros en FARA, el sistema de cabildeo internacional del Departamento de Justicia de EE.UU.
Sin embargo, este engranaje va más allá de dicho contrato. Scatturice también contrató a la consultora estadounidense Forward Global, liderada por José Mallea —un exasesor de Trump— para gestionar ante la FAA la habilitación para que Flybondi opere vuelos hacia EE.UU. El costo mensual fue el mismo: 10.000 dólares. Poco después, el 18 de junio, COC Global Enterprise anunció la compra de la aerolínea de bajo costo, una operación presentada como un refuerzo de capital, pero interpretada por funcionarios del Gobierno como la expansión logística de un nuevo sistema de transporte y financiamiento libertario.
Este hilo aéreo conecta con el poder. Scatturice recibió en Miami, el 17 de enero, al asesor presidencial Santiago Caputo, su hermano Francisco —clave en el manejo financiero de La Libertad Avanza desde la Fundación Faro— y al dirigente del PRO Manuel Vidal. Este viaje, como fue reconstruido por Hugo Alconada Mon, coincidió con la asunción de Trump, pero su verdadero propósito podría haber sido consolidar vínculos estratégicos y financieros. Según fuentes cercanas, el empresario pasó a ser un “facilitador total” del mileísmo, brindando recursos, abriendo puertas y ofreciendo soluciones, como define un alfil libertario.
Hasta hace poco, solo se conocía el vuelo del 26 de febrero. Sin embargo, Tailhade presentó evidencia de otros seis viajes del jet entre Miami y Buenos Aires, antes y después de esa fecha. Uno de los más significativos ocurrió entre el 25 de enero y el 6 de febrero. El 29 de enero, mientras el avión aún se encontraba en el país, el Ministerio de Economía adjudicó a OCP Tech S.A., propiedad de Scatturice, un contrato por 790.500 millones de pesos, uno de los más grandes del año.
El escándalo por la llegada de Arrieta con valijas no controladas provocó una rápida reacción en el entorno de Scatturice. La denuncia judicial y fuentes aeronáuticas confirmaron que el Bombardier Global 5000 fue transferido a Surjet —también bajo el control del empresario— y su matrícula original, N18RU, fue cambiada a N100LA. Según la presentación de Tailhade, el objetivo fue borrar el rastro del avión vinculado al presunto contrabando y reiniciar su actividad con una nueva identidad en los registros internacionales. Aunque legal, esta maniobra es políticamente significativa.
Con la nueva matrícula, el avión reanudó sus operaciones el 14 de abril. Ese día llegó a Buenos Aires con una comitiva que incluía a Soledad Cedro, Matthew Schlapp (presidente de la American Conservative Union) y los empresarios Robert Citrone y Matthew Dell’Orfano. Todos ellos fueron recibidos en Casa Rosada por Milei y Caputo. En redes sociales, Cedro compartió una imagen junto a Arrieta y Scatturice con una leyenda sugerente: “¡Parte del equipo Tactic y amigos listos para hacer GRANDES cosas en todo el mundo!”. Ese mismo día, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ingresaba al edificio por otra puerta, lo que ejemplifica la diplomacia diseñada para el mileísmo: sin cancilleres, pero con poder real.
Después de esto, se registraron al menos otros cuatro vuelos: el 30 de abril, del 2 al 8 de junio, del 12 al 27 de junio y del 29 al 30 del mismo mes. Detrás de cada uno, hay una red de sociedades interconectadas: OCP Tech S.A., OCP Tech Global IT, OCP Digital Tech Partners, MDELM LLC, Tactic, Surjet y CPAC Argentina Inc, todas bajo el paraguas de COC Global Enterprise LLC, donde Scatturice figura como socio o gerente en cada una. Solo en los primeros meses de 2025, sus empresas obtuvieron más de 2.300 millones de pesos en contratos públicos del Ministerio de Economía y de ARCA. Según la denuncia judicial, Caputo habría facilitado estas licitaciones colocando a “hombres de Scatturice” en áreas clave.
Scatturice se estableció en Estados Unidos hace cinco años, tras vivir en Buenos Aires, donde dirigió una agencia privada de inteligencia llamada C3 Consulting. En 2012 fue investigado en la causa “Dark Star”, iniciada por el entonces jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso. Aunque sus voceros negaron que haya sido espía, admiten su trabajo en análisis de riesgo corporativo. En el entorno libertario, es considerado un operador confiable y se dice que participó en la reestructuración del sistema de inteligencia impulsado desde Casa Rosada.
Su rol no se limita a ser un simple proveedor. Scatturice actúa como el operador de un entramado político, diplomático y financiero, alimentado con vuelos privados, contratos poco claros y vínculos transnacionales. Cada uno de sus pasos está documentado y forma parte de una mega-denuncia presentada por la diputada Lourdes Arrieta ante la Bicameral de Inteligencia. El escándalo no solo afecta a la SIDE, sino que también ilumina la estructura de poder que lo habilitó, lo integró y lo necesita. El contrato con Tactic, aunque modesto en apariencia, es solo el eslabón más visible de una cadena que atraviesa los cielos y los sótanos del poder.
