Durante estas reuniones -por lo menos dos en el lapso de una semana- quedó claro que las relaciones entre Ascúa y los dirigentes gremiales han mejorado sustancialmente.
Sin embargo, lo único que puede hacer que se utilicen los mecanismos institucionales para dejar la medida de fuerza en stand by es el acuerdo para el Régimen Jurídico Básico con el capítulo dedicado a la paritaria docente.
Según comentó ayer el secretario gremial de Agmer, Gabriel Perotti, en declaraciones a Radio del Plata de Paraná, de un centenar de artículos que tiene el proyecto “hay diferencias sólo en dos y no son insalvables”.
Según resolvió el último congreso de la entidad, durante la segunda quincena de noviembre debe realizarse el 12º paro del año. El miércoles 24 el plenario de secretarios generales, junto con la Comisión Directiva, debe evaluar los últimos acontecimientos y decidir si concreta la medida de fuerza poniéndole fecha o si la deja en suspenso ad referéndum del próximo congreso, el único órgano gremial habilitado para adoptar esa determinación.
El principal factor de desconfianza que obstaculizaría la suspensión lo constituyen los tiempos de los legisladores, puesto que persiste el malestar por la demora que ha tenido el tratamiento del Régimen Jurídico.
El proyecto de régimen para los empleados públicos y los docentes es el punto más importante que el plenario del sindicato evaluará el miércoles.Uno de los aspectos conflictivos es la representatividad que tendrá cada gremio en una futura comisión paritaria. En la reunión de hace dos días entre las entidades y las comisiones de Trabajo y de Legislación General de Diputados, Agmer y ATE insistieron con una conformación proporcional de acuerdo a la cantidad de afiliados, con un piso de 25% para la minoría. En el caso del sector educativo quedaría excluida la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Se estima que las comisiones avalarán esta alternativa en el despacho que emitirían la semana que viene, aunque la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que supera el 25%, pretende que “la proporcionalidad se normalice luego de pasados dos años de promulgación de la ley”. Mediante un comunicado, fundamentaron esto por las “controversias desde hace largo tiempo con los trámites de altas y bajas de las afiliaciones”.
Además, UPCN requiere que se rediscuta el escalafón administrativo antes de aprobar el Régimen Jurídico.El otro punto en debate es la determinación del árbitro en la mediación en conflictos. El proyecto oficial propone que sea la Dirección de Trabajo, mientras que ATE y Agmer plantean la creación un Instituto Paritario autónomo y con tres miembros propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado que durarían ocho años en funciones.
