El exgobernadorSergio Urribarri deberá enfrentar su primer juicio oral y público. Así lodecidió el juez de garantías RicardoBonazzola, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de lacapital provincial.
Se trata de una megacausa, en la que se investiga elsupuesto desvío de $47 millones de fondos públicos para financiar la fallidacampaña presidencial, que en su momento se dio en llamar el “sueño entrerriano”. Estántambién imputados exministros y funcionarios de la gestión justicialistaanterior.
Al exmandatario y actual presidente de la Cámara deDiputados de la provincia se le atribuye el uso de fondos públicos para lapublicación de una solicitada en 18 diarios nacionales y provinciales, en juniode 2014, en la que se criticaba a los fondos buitres, con el título”Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina”.
Por la publicación se pagaron $4.308.500,23. También seinvestiga a Urribarri por la contratación que hizo con la productora NellyEntertainment SA, por un monto de $28,4 millones, en el marco de la Cumbre delMercosur que se desarrolló en Paranáen diciembre de ese año. Y la otra investigación abierta apunta a lainstalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por elque se pagaron $14.561.870.
Estos tres hechos, en un comienzo, fueron investigados entres pesquisas, pero finalmente se unificaron en un mismo expediente.
Según el sistema acusatorio que rige en la provincia de Entre Ríos, los fiscales debenadelantar la pena antes de que el caso se eleve a juicio. Los representantes del Ministerio PúblicoFiscal -Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano– solicitaron paraUrribarri una pena de nueve años de prisión. Entendieron que esas iniciativasfueron en beneficio personal, como parte de una campaña para instalar su figuraen el plano nacional.
Testigos de renombre
En la audiencia, los fiscales y los abogados defensoresexpusieron cuáles son los testimonios y pruebas documentales que aspiran apresentar en el debate oral y público. Surgió, así, el ofrecieron de lasdeclaraciones testimoniales del exdirector de la Biblioteca Nacional durante elgobierno de Cristina Kirchner, Horacio González, y el politólogo y filósofoEduardo Rinesi, identificado con el gobierno anterior.
En la causa también está imputado Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, sospechado de haber cobradouna coima por la instalación del parador playero. Los exfuncionarios provinciales Hugo Félix Céspedes, quien fue coordinadorde la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, y Gustavo Javier Tortul, entoncescoordinador contable de esa comisión especial, deberán enfrentar el juicio,que aún no tiene fecha.
El otro imputado que eludió el juicio oral y público luegode acudir a la suspensión del juicio a prueba es el empresario Jorge”Corcho” Rodríguez. Estaba imputado, pero acordó el pago de unresarcimiento al Estado de $150.000, en doce cuotas iguales y consecutivas, yla realización de campañas de bien público en beneficio del comedor LosPiletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta deInstagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa”Cortá por Lozano”, que se emite por Telefe.
La defensa
El abogado deUrribarri, Raúl Barrandeguy, adelantó que seguirán planteando ante lasinstancias superiores ” la falta de respaldo probatorio” que existeen el proceso.
“No se puede ir a juicio con pruebas ilegales queviolan derechos y garantías constitucionales”, expresó el letrado. Yagregó: “Hubo pruebas que fueron ordenadas por los fiscales que hubieranrequerido la autorización de un juez, cosa que no ocurrió”.
Barrandeguy explicó que, tal como lo dispone el CódigoProcesal Penal, “las pruebas deben ser realizadas por peritos del SuperiorTribunal de Justicia, por lo que al haber sido efectuadas por empleados delMinisterio Público Fiscal, se estaría violando la normativa”.
Más adelante, el letrado sostuvo que “la decisión depublicar una solicitada en nombre del gobiernoentrerriano en diarios de circulación nacional puede no ser del gusto dealgunos, pero es una decisión de gobierno no judiciable, que de ninguna maneraconstituye un delito”.
También justificó los spots publicitarios sobre la cumbre depresidentes del Mercosur y el parador que se instaló en Mar del Plata:”Fue una clara acción de gobierno, tendiente a promover los atractivos dela provincia en una de las playas más populares del país”, explicó.
