El calendario judicial argentino tiene una fecha indeleble: el día en que, por primera vez, los tribunales lograron desenmarañar la compleja red de ingeniería financiera que permitía al crimen organizado “limpiar” sus activos. Se cumplen 15 años de la sentencia que marcó un antes y un después en la persecución de los delitos financieros en el país.
En ese entonces, el lavado de dinero era un concepto técnico, casi etéreo: figuraba en los códigos pero rara vez culminaba en una condena efectiva. La justicia solía concentrarse en el “delito precedente” (el robo, el fraude o el narcotráfico) y pasaba por alto la ruta del dinero que permitía a los delincuentes disfrutar de sus ganancias ilícitas.
El caso que lo cambió todo
La sentencia fundacional se pronunció en el marco de una investigación contra una organización narcocriminal con base en la provincia de Salta, conocida mediáticamente en su momento por sus conexiones internacionales. El tribunal no solo juzgó la comercialización de estupefacientes, sino que dio el paso audaz de desglosar cómo el dinero obtenido de la venta de cocaína se reinsertaba en el mercado legal: “La condena no solo fue un castigo penal, sino un mensaje al sistema financiero: el anonimato de las inversiones de origen oscuro había terminado“.
Allí la fiscalía demostró que la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y la creación de empresas de fachada no eran hechos aislados, sino parte de una estructura sistemática de blanqueo.
Desde esa primera sentencia, el marco normativo argentino cambió de modo drástico. Lo que entonces era una labor artesanal de peritos contables y fiscales hoy se apoya en la Unidad de Información Financiera (UIF) y en normas de cumplimiento (compliance) mucho más exigentes. Aquella decisión judicial de hace 15 años obligó a los bancos, escribanos y concesionarias de autos a convertirse en “sujetos obligados“.
¿Por qué fue tan difícil llegar a esa sentencia?
Complejidad probatoria: Rastrear el flujo del dinero exige una pericia que la justicia tradicional no siempre tenía a su alcance.
Falta de jurisprudencia: Al tratarse de un caso pionero, los jueces no contaban con una “hoja de ruta” sobre la figura del lavado.
Presión del crimen organizado: Las estructuras dedicadas al blanqueo de grandes sumas suelen tener tentáculos en el poder político.
