De manera poco ruidosa pero efectiva -expresión de equilibrio político-, los jefes provinciales de todo el país decidieron avanzar esta semana con sus reclamos de fondos al Gobierno nacional. Y lo hicieron con un planteo cuidado para estar a tono con la letra presidencial: sostienen que no altera la política fiscal. Fue la señal que dejaron luego de contactos reservados y reuniones formales en el CFI, coronada con el impulso de un proyecto conjunto en el Congreso, terreno en el que Olivos debe recurrir habitualmente a las negociaciones con gobernadores, el núcleo de aliados y el más amplio espacio de los dialoguistas.
Precisamente, el dato original resultó ser la unificación de criterio en el muy heterogéneo conjunto de los jefes de distrito. Es un entendimiento preciso, no un acuerdo político, y se verá si funciona como mecanismo de consenso. Por lo pronto, expuso un reclamo repetido sin quebrar la línea de conversaciones con funcionarios de Guillermo Francos y representantes del equipo económico, que asistieron al último encuentro. Frases cuidadas, incluso previas a la cita de esta semana, anticiparon el mensaje. Finalmente, la propuesta apuntó al impuesto a los combustibles líquidos y al manejo de los fondos discrecionales. “No es más gasto”, dicen
En medios cercanos a gobernadores de buen trato con el círculo de Olivos destacan el malestar provincial extendido por la falta de respuesta concreta a sus pedidos, aunque consideran que el texto impulsado para su tratamiento en el Congreso no debería generar conflicto. Dicho de otra forma: sugieren que podría ser una salida de baja tensión para la pulseada abierta por la caída de fondos de la coparticipación federal. Desde el oficialismo, afirman que las provincias tendrían que profundizar sus ajustes.
La iniciativa impulsada por los gobernadores asoma además en momentos en que el Congreso pone a prueba al oficialismo por necesidades propias, desafíos de la oposición y advertencia de Javier Milei sobre la vuelta al veto, frente a proyectos que rechaza bajo argumentos presupuestarios. Un dato en sí mismo: Milei transita el segundo año de gestión sin ley de Presupuesto.
La previa a las dos citas sucesivas en el CFI había puesto a la vista de cualquiera ingredientes de lo que se estaba cocinando. Hubo especial cuidado para bajarle el tono a reuniones regionales de jefes provinciales y también para manejar con discreción contactos más reservados, incluso entre funcionarios del área económica. Por ese mismo, constituyó un dato nada despreciable el modo en que circuló un trabajo sobre transferencias automáticas a las provincias.
Ese relevamiento, confeccionado en oficinas del CFI, expone las cifras de caída de fondos de coparticipación, con proyección entre 2024 y 2025. El total indica una baja estimada en el 4,2%. Desde la Nación podrían discutir el cálculo. Pero no el significado político: copias de la planilla circularon desde las cercanías de mandatarios de diferente relación con el Gobierno, dialoguistas y opositores duros.
En ese contexto, la propuesta legislativa que decidieron impulsar los gobernadores es de dos puntos. El primero, la eliminación de los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos y un mayor porcentaje de este ingreso para las provincias. Y el segundo, la distribución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional con los criterios de coparticipación federal y no de manera discrecional.
“No afecta la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales”, dice el texto firmado por gobernadores, vice y representantes de provincias que participaron de la cita del lunes último. Y además, para prevenir polémicas, destacan que la eliminación de los referidos fondos fue hasta ahora una de las consignas mileistas contra la “casta”.
Los gobernadores de mejor trato con Olivos evitan la confrontación y hasta ven un guiño del oficialismo para avanzar en el Congreso. Los más enfrentados a Milei, destacan un cambio de clima. Como sea, esta vez comparten el planteo desde aliados del PJ o provinciales (Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Hugo Passalacqua), hasta peronistas duros (Axel Kicillof, Segio Ziliotto) y exponentes con matices de lo que fue JxC (Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo, Jorge Macri).
En conjunto y con la fragilidad del caso en año electoral, podría ser considerado una afirmación de los jefes provinciales como heterogéneo espacio de negociación con el Gobierno. Es además una referencia en el marco complicado que expone la fragmentación y desarticulación política. Con el agregado de la contradicción del oficialismo entre la necesidad de negociar y su rechazo a los mecanismos de acuerdos.
El Congreso ofrece ahora un par de ejemplos del panorama complejo para LLA. En Diputados, todavía no puso en marcha el trámite para avanzar con su proyecto de “blindaje” al plan “dólares del colchón”. Y en el Senado, están pendientes las iniciativas para recomponer jubilaciones y atender el sistema de discapacidad, sancionadas en la Cámara baja.
Milei ya dijo que si esos dos textos son convertidos en ley, los vetará. Eso, fuera del impacto público, no resuelve totalmente el tema, sino que le agrega un desafío final: sostener la decisión presidencial de vetar otra vez una ley, en Diputados. Vuelta entonces a la necesidad de tejer acuerdos políticos.
Los gobernadores amigos o al menos dispuestos a los entendimientos con Milei vienen destacando su predisposición a las negociaciones y también la frustración por incumplimiento de compromisos, sobre todo para reactivar obras en rutas nacionales. La votación sobre jubilaciones en Diputados, a principios de este mes, había mostrado un giro que allanó el camino a la sanción del proyecto: el aporte de legisladores que habitualmente responden a instrucciones de jefes provinciales de buena relación con el Gobierno. Sonó a aviso.
