
En una señal de coincidencia política poco habitual, senadores justicialistas y del oficialismo aprobaron un proyecto de comunicación que solicita al Poder Ejecutivo la convocatoria urgente y extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social para abordar la distribución de alimentos en la provincia.

La iniciativa fue presentada de manera conjunta por el senador por Victoria, Víctor Sanzberro (PJ), y su par por Gualeguay, Alberto Otaegui (Juntos por Entre Ríos), y recibió el respaldo del pleno de la Cámara Alta durante la sesión. El pedido apunta a que autoridades del Ejecutivo brinden información detallada sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante el año 2025.
El requerimiento se inscribe en el contexto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por la presunta entrega clientelar de alimentos. En ese marco, los legisladores solicitaron precisiones sobre la cantidad total de módulos distribuidos, el listado de organizaciones receptoras y los procedimientos de relevamiento y rendición de cuentas implementados por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Durante el debate, Sanzberro subrayó que la iniciativa se complementa con una nota enviada el pasado 4 de enero a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, en la que se solicita formalmente la reunión de la Mesa de Diálogo Social. “No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado; creemos que la Mesa de Diálogo Social debe reunirse de manera extraordinaria”, sostuvo el legislador.
El proyecto aprobado expresa que “se vería con agrado que la señora ministra de Desarrollo Humano convoque en forma urgente y extraordinaria a una reunión de la Mesa de Diálogo Social” y propone una agenda de trabajo que incluye, además, un informe sobre el estado actual de los controles administrativos y logísticos destinados a garantizar la trazabilidad y el destino final de la asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, los senadores reclamaron conocer las medidas adoptadas o a adoptar frente a las denuncias periodísticas y los procedimientos judiciales en curso, incluyendo la colaboración con la Justicia y la eventual realización de auditorías. En línea con el consenso expresado entre ambos bloques, también se plantearon propuestas para fortalecer la transparencia y el control participativo, como la digitalización de las entregas, la publicación periódica de información y la implementación de auditorías externas independientes.




