El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado iniciará mañana una serie de exposiciones cada 15 días relacionadas con una posible ampliación de la Corte Suprema, junto con una discusión de género en las resoluciones de conflictos del máximo tribunal.
La presidencia está a cargo de la diputada del peronismo disidente Alejandra Vigo. Varios miembros de esta comisión, junto a la de Justicia, expresan desconfianza hacia su liderazgo debido a los mensajes contradictorios emanados de la Casa Rosada, que generan dudas sobre si realmente se busca una ampliación o si se optará por esperar un momento más propicio para abordar este debate, así como si la senadora está alineada con los intereses del Gobierno libertario.
Para la sesión de mañana han sido convocados la presidenta de la Red Mujeres por la Justicia, María Eugenia Chapero; el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, el radical Ricardo Gil Lavedra; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; y el ex convencional constituyente Alberto García Lema.
¿Qué ocurrió el 28 de mayo pasado?
Ese día se llevó a cabo una primera reunión informativa en un proceso que, por ahora, se caracteriza más por la incertidumbre que por la claridad. En este contexto, un sector de la oposición dialoguista expresó su preocupación por la jurisprudencia histórica del máximo tribunal de Justicia ante la posible llegada continua de conjueces.
“Si no hay consenso entre los tres miembros del tribunal, no se puede alcanzar una mayoría, por lo que es necesario citar a conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el posible aumento o prolongación de las soluciones; y otro, más grave, es que al ser personas provenientes de otros tribunales, se podría modificar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, planteó el peronista disidente Juan Carlos Romero, compañero de Vigo en el interbloque Provincias Unidas.
Posteriormente, el salteño añadió: “Que la decisión la tomen magistrados que no valoran la tradición en los fallos puede llevar a que, de un día para otro, cambiemos jurisprudencias aceptadas”.
Por último, Romero advirtió: “Algunos afirman que aumentar el número de miembros genera inseguridad. Esto es cierto, pero más grave es que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga predecibles. Sin justicia previsible, existiría un riesgo de inseguridad para muchos”.
El encuentro también reveló un dato notable: el cambio en el debate impulsado por el kirchnerismo a través de su líder, José Mayans, quien exigió la salida de los tres magistrados actuales, argumentando que deberían ser cinco en la Corte Suprema. “No están a la altura de las circunstancias”, afirmó el legislador formoseño. No sería sorprendente que, si el Frente de Todos asiste al plenario, intente buscar respaldos en esa línea.
Mayans recordó cómo el kirchnerismo renovó la Corte Suprema durante su primer mandato. Además, advirtió que el Consejo de la Magistratura opera bajo “una ley derogada”, algo que “el poder político no puede aceptar”, y calificó esta situación como “la más grave que enfrenta el país”. El formoseño fue más allá al criticar al Gobierno, diciendo cosas como “cuando pase el temblor, no sé qué pasará” y “el puente se va a caer”.
“Es la misma Justicia que ha condenado a cientos de represores que permanecen presos o condenados, y que en los últimos 20 años ha logrado condenar a muchos corruptos. No se trata de criticar lo que no nos gusta, sino de permitir que haga su trabajo”, enfatizó Romero, en lo que pareció una respuesta a las afirmaciones de Mayans. También se sumó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), quien destacó: “No es necesario que, desde este lugar, estemos lanzando acusaciones”.
Por su parte, la neuquina Lucila Crexell centró su atención en un tema relevante sobre el Consejo de la Magistratura. “Es un organismo bastante opaco dentro del sistema de selección y del ‘jury’, y nadie habla de lo que ocurre allí”, afirmó.
En la Cámara alta circulan propuestas que sugieren una ampliación de la integración de la Corte Suprema de cinco a siete, nueve y hasta 15 magistrados. Este último caso es similar al proyecto que el kirchnerismo aprobó en 2022, el cual quedó estancado en Diputados.
