El próximo miércoles a las 11 de la mañana, las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado se reunirán para debatir sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, un proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 22 de mayo.
Esta iniciativa ya ha provocado un intenso debate en el ámbito judicial y político, recibiendo críticas contundentes de organizaciones como la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, así como de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
La propuesta busca modificar la composición del Consejo de la Magistratura, estableciendo una nueva estructura que incluiría:
1. Representantes del Poder Ejecutivo y de la abogacía: un representante del Poder Ejecutivo provincial y dos abogados elegidos mediante voto directo.
2. Representantes judiciales: dos integrantes de la magistratura y los ministerios públicos, elegidos por sus pares a través de voto directo.
3. Representantes universitarios: tres profesores de Derecho de universidades.
4. Representantes de empleados judiciales: un representante elegido por voto directo de los empleados del Poder Judicial.
5. Representantes de la sociedad civil: dos miembros de asociaciones civiles y fundaciones dedicadas a la defensa del sistema democrático, los derechos humanos y el gobierno republicano.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado múltiples críticas. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos ha señalado varias preocupaciones:
– La eliminación de la paridad de género, lo que representa un retroceso en la igualdad de oportunidades al despojar al Consejo de una perspectiva de género.
– La falta de consenso en su elaboración, dado que no fue discutido con los sectores que promueven la transparencia en el Poder Judicial.
– La necesidad de modificar aspectos que no están directamente relacionados con el estancamiento en el proceso de concursos, que es la razón principal de esta reforma.
– Las restricciones a la participación en las elecciones para elegir a los representantes de la magistratura, lo que impide a sindicatos y ONG organizar sus propios comicios.
En lugar de una reforma integral, la asociación sugiere implementar soluciones más simples y urgentes, como eliminar el sistema de “banco de casos” y restaurar los puntajes de los órdenes de mérito en las ternas, lo que aumentaría la transparencia en el proceso.
Fuente: Apf Digital.
