Tras nueve horas de debate, el oficialismo logró la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado. Este viernes por la noche, a las 21.12, la Cámara Alta aprobó el plan de cuentas nacionales para el año próximo por 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención.
Será el primero que tendrá Javier Milei desde que asumió, pero regirá para su tercer año de mandato presidencial, porque su administración funcionó hasta ahora con el presupuesto de 2023, sancionado por el Congreso a fines de 2022 para el último año del mandato de Alberto Fernández. Anoche se cerró una inédita e inusual dinámica institucional: un jefe de Estado que gobernó los primeros dos años de su gestión con un presupuesto licuado por tres años de inflación acumulada. La ausencia de un texto aprobado por el Poder Legislativo permitió al Ejecutivo aplicar su política de motosierra profunda, mediante la distribución discrecional de partidas durante más de 700 días, en un constante tironeo con los gobernadores de las 24 provincias. Esa tensión se encauzó este viernes, tras una extensa y accidentada negociación que comenzó en la Cámara Baja y concluyó anoche con el estreno de una nueva mayoría, construida a partir del veredicto de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La sanción del Presupuesto 2026 se concretó anoche, cuatro días antes de la finalización del período de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo y cuando se cumplieron dos meses de los comicios de medio término en los que el oficialismo obtuvo una victoria en gran parte del país, lo que le permitió triplicar la composición de sus bloques en ambas cámaras, aunque sin lograr el quórum propio. Aun con esos números favorables, el oficialismo estuvo hace dos semanas al borde de afrontar una derrota en Diputados: ocurrió a último momento, por incluir la derogación de las leyes de emergencia nacional en discapacidad y de financiamiento universitario dentro del capítulo 11. La movida fue impulsada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y su par de Desregulación, Federico Sturzennegger, como forma de demostrar que finalmente el Gobierno podía articular una mayoría legislativa en el Congreso capaz de configurar una victoria para los mercados. La aventura duró poco y fue rechazada en la Cámara Baja. El Gobierno dudó tres días sobre si vetar o no la eventual sanción de una versión sin los artículos deseados. La decisión de resignar ese objetivo de máxima le permitió acelerar los tiempos y evitar en el Senado una derrota similar a la sufrida en Diputados. Con la votación de anoche, impulsados por el temor a perder, se impuso el sector más negociador del Gobierno, liderado por el ministro del Interior, Diego Santilli, frente al tándem integrado por Caputo y Sturzennegger, con la discreta anuencia de Milei.
En medio de esa pulseada, la flamante senadora Patricia Bullrich estrenó su nuevo rol como jefa de la bancada libertaria. Pasó de sostener la posición de los sectores más duros a respaldar negociaciones que no advertía hasta comprobar que todo podía ser peor. Actuó movida por dos razones: la necesidad de evitar un revés similar al sufrido en Diputados y, además, la urgencia de conseguir una victoria legislativa antes de finalizar el año. Ese objetivo se logró y significó el debut de una nueva mayoría para conseguir la primera sanción de un presupuesto diseñado bajo la directiva del “déficit cero”.
La aprobación en general fue posible gracias a 21 votos libertarios, 10 de la UCR, uno de los dos integrantes de Provincias Unidas, dos del Frente de la Concordia Misionero —que responde al gobernador Hugo Passalaqua—, uno del bloque Independencia, liderado por el mandatario peronista Osvaldo Jaldo, uno de Chubut, otro de Salta, bajo el liderazgo de Gustavo Sáenz, y otro de Neuquén, que reporta al mandatario provincial Rolando Figueroa. Del interbloque panperonista se cristalizó la votación esperada: de los 28 miembros del interbloque del PJ, reunidos bajo el nombre “Popular”, hubo tres que acompañaron al oficialismo.
Tras la pulseada por la votación en general, llegó el momento de las decisiones en particular. El otro gran examen de la sesión estaba concentrado en el segundo capítulo del texto, porque contenía el artículo 30, que incluía la anulación del Fondo Nacional para la Defensa, el recorte en el financiamiento para Ciencia y Tecnología y la pérdida de fondos para las escuelas técnicas en todo el país. En ese punto radicaba una pulseada determinante: un cambio en esa votación podía obligar a una devolución a Diputados. Entre las negociaciones de último momento, las gestiones del ministro Santilli y las concesiones que aceptó el Gobierno, el capítulo II también sobrevivió a un eventual revés impulsado por la oposición.
Fue aprobado por 42 votos positivos de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la UCR, los bloques provinciales y tres votos del peronismo reunidos en Convicción Federal: el catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés, quien es opositora al radical Carlos Sadir, pero terminó definiendo el comportamiento de ese conglomerado que ya se había separado del armado peronista liderado por José Mayans y Juliana Di Tullio. Después de la transformación en ley del Presupuesto, la sesión continuó con el tratamiento de un nuevo blanqueo, llamado de “Inocencia Fiscal”, que ya tenía media sanción de Diputados.
Pettovello apunta otra vez contra el periodismo
El Ministerio de Capital Humano sostuvo que está remitiendo cartas documento a medios de comunicación y periodistas con el fin de “obtener su retractación con relación a publicaciones cuyo único propósito es desinformar y desprestigiar” a esa cartera “y a su titular, Sandra Pettovello”. La cartera difundió un comunicado ayer en el que afirmó que la iniciativa busca “garantizar que la información puesta en circulación sea completa, equilibrada y ajustada a la realidad”. “En este contexto, corresponde recordar la vigencia de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la aclaración y rectificación de informaciones inexactas o tergiversadas”, señaló y aclaró que “dicho ejercicio no persigue restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables”. “Corresponde dejar expresamente aclarado que las afirmaciones difundidas no se condicen en modo alguno con la realidad y responsabilidad institucional”, finalizó el texto. El presidente Javier Milei, durante este año, presentó denuncias judiciales contra al menos ocho periodistas, entre ellos Carlos Pagni, Viviana Canosa y Mauro Federico.
