Mientras crece la tensión política en Paraná por elprocesamiento del intendente de Cambiemos, Sergio Fausto Varisco, acusado deformar parte de una organización dedicada al narcotráfico, sus abogadosapelarán ante la Cámara Federal el fallo dictado la semana pasada por el juezLeandro Ríos. Lo cierto es que en paralelo al plano judicial, la crisisinstitucional podría llegar a dirimirse esta misma semana en el ConcejoDeliberante, donde Varisco debería presentarse más que para dar explicaciones,para dar un paso al costado mientras la causa sigue una marcha que parece serinexorable.
Como se sabe, Varisco está acusado de formar parte de unaorganización criminal dedicada a la compra, venta y distribución deestupefacientes utilizando recursos y la estructura del Estado municipal. Elauto de procesamiento, de 298 carillas, como adelantó PáginaI12, describe endetalles lo que el juez Ríos define como una asociación ilícita que surge de un”acuerdo político” entre Varisco y Daniel “Tavi” Celis, el jefe narco detenido,procesado en esta causa junto con el intendente y otros funcionarios. DeVarisco se dice que era el “financiador/adquirente” de la cocaína quecomercializaba la banda.
Horas después delprocesamiento, en coincidencia con la incorporación del mediático abogadoMariano Cúneo Libarona al equipo de abogados de Varisco (Miguel Cullen y RubénPagliotto), la defensa hizo el vano intento de lograr que el juez revocara supropio fallo; ahora no les queda más que apelar ante la Cámara. Más que vano,el intento de revocatoria fue banal porque se fundamentó en una declaración ala carta del multiprocesado Celis, quien pidió ampliar su indagatoria paraexculpar al intendente Varisco de culpa y cargo. Celis, señalado como líder dela organización criminal, lejos de defenderse, salió a exculpar en formadirecta a Varisco y se refirió a la relación que tenía con sus tambiénco-procesados la subsecretaria de Seguridad del municipio y miembro de laPolicía de Entre Ríos, Griselda Bordeira, el concejal de Cambiemos PabloHernández y el inspector municipal Alan Nicolás Viola.
En la inesperada ampliación de la indagatoria, Celis aseguróante el secretario del juzgado federal que el intendente Sergio Varisco “notiene ninguna vinculación con la causa que se me imputó, y desconozco si esadicto o no”. En forma sintética y directa, sostuvo que sobre GriseldaBordeira podía decir que cumplía “lafunción que tenía sobre mi familia, (que) era la de entregar por parte de laMunicipalidad un dinero todos los meses, desconociendo la procedencia de esedinero”.
Respecto de Hernández, “Tavi” Celis precisó que “tenía lamisma función que Griselda Bordeira, la de acercar a mi familia el dinero de laMunicipalidad, todos los meses, sin saber de donde venía ese dinero”. Porúltimo, el detenido se refirió muy brevemente al inspector municipal Viola, dequien se limitó a manifestar que mantenía con él “una relación laboral”. Estoes difícil de explicar porque Viola estaba en funciones, mientras que Celisestá preso desde 2016 por el robo violento a una estancia. A eso se suma queestá procesado en otras dos causas, la primera por el hallazgo de unanarco-avioneta en Colonia Avellaneda, y la segunda en la que está imputadojunto con Varisco, Hernández, Bordeira y Viola, entre otros.
Pero lo principal, lo que dijo supuestamente a favor deVarisco, en un intento de desligarlo de la causa, entra en grave contradicción,porque no explica por qué razón Hernández y Bordeira enviaban mensualmente a sufamilia dinero procedente del municipio. Celis en ningún momento explica porqué recibía su familia ese dinero cuya procedencia dijo desconocer y que noera, está claro, un subsidio, una ayuda social. Es obvio que la defensa deVarisco va a tener que aportar argumentos mucho más fuertes que la declaraciónde Celis, para tratar de que la Cámara de Apelaciones revea lo dispuesto por eljuez Ríos en su escrito de 298 páginas.
El magistrado procesó a Varisco, Celis, Hernández, Bordeira,Viola, Luciana Ernestina Lemos (esposa de Celis), Eduardo Humberto Celis,Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Jesús Heintz, Juan Manuel Gómez yErnesto Ramón González. En el auto de procesamiento afirma que los nombrados”entre los primeros días del mes de septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2018,comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína en diversas cantidades,asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización”. A Varisco leatribuye el rol de “financiador/adquiriente”, y a Bordeira el de”adquiriente/colaboradora”, de igual manera que al concejal Hernández, ambosdetenidos por decisión del juez federal y enviados a unidades penitenciarias.
En otro párrafo deltexto se afirma que en los allanamientos que se realizaron en los domicilios delos procesados “se encontraron 3,493 kilogramos de cocaína, y otros elementoscomo armas de fuego y varios celulares y chips” que ahora son analizados. Ríosdice en su fallo que “la cocaína era suministrada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por expresasindicaciones y/o solicitudes de Daniel Andrés Celis, quien al momento de loshechos se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 8 Federal, quien adquiríael estupefaciente, financiaba laactividad de comercialización con fondos provenientes del acuerdo celebrado losprimeros días de septiembre de 2017 con el intendente Sergio Fausto Varisco,secundado por el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la Sargento 1º dela Policía de la Provincia de Entre Ríos -activo efectivo afectada en comisiónde servicio al Área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná- Griselda NoemíBordeira”.
En formacomplementaria “con fondos propios generados por la actividad ilícita de laorganización que dirigía (Celis) y luego encomendaba el transporte de lasdistintas remesas del estupefaciente adiversas mujeres de mediana edad cuya identidad aún no ha podido establecerse”,quienes participaban en la distribución de la droga en Paraná, Concordia yotras ciudades de la provincia de Entre Ríos. Sobre la función que cumplíaLuciana Ernestina Lemos, la mujer de “Tavi” Celis, se afirma que era la de”mantener la comunicación entre Daniel Andrés Celis y el intendente SergioFausto Varisco, mediante el concejalmunicipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda NoemíBordeira, de manera permanente, fluida y secreta, en especial en lo referido alos pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionariosmunicipales adquirían, en particular los días 1/12/2017 y 27/4/2018″.
En el escrito seprecisa que Varisco, con la “asistencia y colaboración del concejal” Hernándezy la subsecretaria Bordeira “proporcionó periódicamente los recursos económicosnecesarios en favor de Daniel Celis para la adquisición y comercialización deestupefacientes (cocaína) por intermedio de los empleados municipales ErnestoRamón González y/o Alan Viola y/oLuciana Lemos y otros cuya identidad aún no ha podido establecerse”. Por lodemás, se deja constancia que Varisco, Hernández, Bordeira y González”adquirieron, entre los días 20 de abril y 2 de mayo de 2018, la cantidad de almenos seis panes o ladrillos de cocaína al precio de entre 150 mil y 165 milpesos por cada uno de ellos, con la finalidad de distribuirlos” en lasmencionadas ciudades.
