En un extenso documento presentado ante el Juzgado Federal de San Isidro, al que tuvo acceso ANÁLISIS, el empresario paranaense Claudio Tórtul, acusado de asociación ilícita y cohecho en el caso Enersa/Securitas, solicitó la citación de un gran número de testigos. Representado por los abogados Juan Félix Marteau y Alejandro Bisbal, Tórtul argumenta que el Ministerio Público Fiscal ha actuado de manera arbitraria al impedir la producción de pruebas que lo favorecen, lo que, según su defensa, constituye una violación de su derecho a la defensa.
El empresario pide que comparezcan todas las personas que participaron en la investigación privada que llevó a la autodenuncia de Securitas, así como directivos y empleados de la empresa. Tórtul también presentó pruebas de que sus ingresos a través de Tornell SA provienen de diversas compañías que “atendía comercialmente”, con el fin de contrarrestar la acusación que sostiene que todo el dinero de dicha firma retornaba a Securitas.
La defensa aseguró que se demostrará que los ingresos recibidos por Tórtul mediante Tornell SA no se limitan al servicio que Securitas prestaba a Enersa, lo que pondría en cuestión la teoría de la Fiscalía. Los testigos, según la defensa, serán capaces de detallar las actividades comerciales realizadas para clientes ajenos a la distribuidora eléctrica.
Entre las empresas que se mencionan como clientes de Tórtul están Banco de Entre Ríos, Inc SA, Masisa Argentina SA, Resinas Concordia, Forestal Argentina SA, Petropack SA, Genneia SA, Salud Entre Ríos SE, Antoniazzi Hnos SA y Libertad SA.
Además, la defensa criticó la investigación privada llevada a cabo por G5 Integritas y solicitó la declaración de sus profesionales, incluidos Mariana Idrogo, Diego Canto, Esteban Frontera, Pablo Miranda, Claudio Gioseffi y Fernando Peyretti.
También se incluyen en la solicitud testimonios de exdirectivos, empleados y asesores de Securitas, tanto locales como extranjeros. Entre los nombres que Tórtul considera fundamentales para validar la legalidad de la investigación figuran Ángel Michetti, Brenda Ratto, Damián Rossi, David Petiluk, y muchos otros.
Asimismo, se solicita la comparecencia de empleados de la Regional Litoral de la empresa, donde trabajaba Tórtul, como Estela Pérez, Lorena Bernuchi y otros.
El empresario denunció que las entrevistas a estas personas se realizaron “sin control jurisdiccional y sin la intervención de las defensas”, por lo que considera inválida su inclusión en el proceso. Tórtul recordó que la Cámara de Apelaciones ya había señalado que las diligencias privadas no pueden ser valoradas judicialmente a menos que se convoque a sus protagonistas, y enfatizó la urgencia de citarlos, dado que la investigación ya lleva más de cuatro años.
Además, solicitó acceso a toda la información secuestrada en dispositivos electrónicos y pidió que Securitas Argentina presente correos y documentación relacionada con la transferencia del contrato con Enersa a Segar Seguridad, así como su acuerdo de desvinculación, considerando que esa prueba es “esencial” para demostrar que los pagos recibidos no estaban vinculados al negocio con la distribuidora.
El escrito resalta que hay una “desigualdad de armas” entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, lo que resulta inaceptable, y subraya la obligación de la jueza de “garantizar la efectividad del derecho a la defensa” y de verificar la veracidad de las afirmaciones de la empresa denunciante.
Con esta solicitud, Tórtul pretende que se incorporen testimonios y documentos que, según su defensa, podrían desestimar la acusación en su contra y revelar irregularidades en la actuación de Securitas.
