Los peritos de los juzgados de Familia no pudieron determinar si la ex diputada provincial de la Alianza, Mónica Torres, padece demencia senil, según los escritos presentados una vez elevada la causa a juicio por su defensor, Guillermo Mulet.La ex legisladora fue sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas durante más de un mes para determinar si está enferma y en condiciones de afrontar un juicio.Torres iba a ser juzgada desde el 9 de marzo por el delito de Defraudación a la Administración Pública, que contempla una pena máxima de hasta seis años de prisión. Pero su abogado, Guillermo Mulet presentó un escrito argumentando que su clienta padece demencia senil. Por tal situación, la fiscal Cecilia Goyeneche solicitó que sean los equipos técnicos de la Justicia los que determinen si Torres esta en condiciones de ser sometida a debate.Según la requisitoria de elevación a juicio, Torres está acusada de haber percibido en su beneficio los sueldos de dos empleadas contratadas de la Cámara baja. Estas personas no prestaron servicios y nunca cobraron el dinero. El caso fue denunciado en 2001, pero recién en 2003 se avanzó en la instrucción, debido a que Torres tenía fueros.SuspensiónLa Sala II de la Cámara del Crimen suspendió el inicio del juicio a la ex diputada. La decisión se tomó debido a que “la defensa aduce que la acusada sufre una enfermedad que le impediría llevar adelante el debate. Examinada por el médico forense determinó que padecería demencia senil”, indicó el abogado querellante, Jorge Sueldo.Ahora, la Justicia pidió informes a un sanatorio de Diamante, donde la mujer se habría atendido por la enfermedad que sufre. En caso de que Torres haya sido paciente del nosocomio, éste deberá remitir la documentación a la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná. A su vez, toda la documentación será evaluada por los nuevos profesionales que se sumarán a las pericias.La denunciaLa investigación se inició en 2001, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a dos mujeres para que regularicen su situación ante el fisco, ya que registraban deudas como monotributistas. Esta situación inició una investigación que estableció, según la denuncia, que las mujeres, que jamás se habían inscripto a la AFIP, emitían factura al Estado provincial por un monto estimativo de 1.400 pesos. Ambas mujeres figuraban como contratos de servicio. El ex juez de Instrucción Héctor Vilarrodona investigó la causa que recién en 2003 avanzó porque Torres estaba protegida por los fueros. A mediados de 2008 la Justicia notificó a las partes del inicio del juicio para el 9 de marzo, pero la defensa de la procesada presentó un escrito informando que Torres está enferma. La notificación está firmada por un médico, que supuestamente atendió a Torres. (Fuente: Diario UNO)
