El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), a través del diputado nacional Fernando Carbajal, presentó en el Congreso el “Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación”.
Desde Inecip explicaron que la iniciativa busca “reorientar el debate planteado por el Poder Ejecutivo Nacional en las últimas semanas. Tal como planteamos el año pasado, el desafío de sancionar un nuevo Código Penal no es meramente normativo, sino de construcción de consensos que permitan una ley penal duradera, con una aspiración de vigencia de 50 o 100 años. La historia de reformas fallidas exige que nos enfoquemos en construir estos consensos, dejando de lado los discursos de coyuntura”.
Según la organización, la diferencia central con el proyecto del Gobierno está en la “metodología y legitimidad”. Señalaron que “el Anteproyecto apoyado por el Inecip, elaborado originalmente en 2007, se distingue por ser una obra jurídica que alcanzó gran calidad técnica y pluralidad. Fue fruto del trabajo ad honorem de una calificada comisión de expertos y, crucialmente, fue sometido a un amplio debate y consulta pública. Este proceso involucró a más de 20 Universidades Nacionales, operadores judiciales y decenas de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos”.
En contraste, apuntaron que la iniciativa del Poder Ejecutivo “careció de este tipo de discusión previa. Esto socava la legitimidad de una ley tan importante, pues una reforma tan profunda, que compromete diversos y legítimos intereses, no puede ser el producto exclusivo de un grupo reducido de personas”.
Inecip advirtió además que su propuesta está basada en “una política criminal racional”, y alertó sobre el riesgo de que el proyecto del PEN derive en “mero punitivismo demagogo”. Explicaron que ese enfoque —centrado en el endurecimiento de penas, con incrementos en los mínimos y máximos, la imprescriptibilidad de ciertos delitos por su gravedad y la ampliación de la legítima defensa— “ha demostrado ser ineficaz para reducir la criminalidad o generar mejoras reales en la seguridad ciudadana. Endurecer penas, además, implica elevar la tasa de encarcelamiento en un sistema penitenciario que ya se encuentra colapsado y que en estos últimos años poco ha logrado avanzar en solucionar este problema”.
Recordaron que el anteproyecto, por su fecha de elaboración, requerirá revisión y actualización —”especialmente en su parte especial”— y que su presentación busca aportar al Congreso “una base de discusión con solidez técnica y legitimidad social que impida que el debate se simplifique”. “El Inecip ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de los años, la importancia del debate plural para construir consensos duraderos. Esto significa ir más allá de los despachos del Poder Ejecutivo: se deben incluir activamente a la academia, los operadores judiciales y, fundamentalmente, a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de víctimas y los organismos de derechos humanos, que son actores clave en la discusión”, añadieron.
Por último, subrayaron: “No podemos permitir que el debate se reduzca a frases hechas. La consigna ‘el que las hace las paga’ busca evitar la discusión de fondo: la falta de eficiencia, la desproporcionalidad y la crisis estructural de nuestro sistema penal. Solo si utilizamos una base seria y garantizamos la participación plural, podremos construir un Código Penal que exprese los consensos democráticos necesarios. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo generar un debate con honestidad intelectual, evitando recurrir al miedo social para empujar ‘soluciones penales’ probadamente ya muchas veces como ineficaces”.
