Las elecciones previstas para el próximo 26 de marzo en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) se judicializaron luego de la presentación realizada por la Lista Azul y Blanca, que lleva a Analía Coria como candidata a presidenta: “Alegando un formalismo inaudito, las actuales autoridades del CAER, que buscan su reelección,junto al Tribunal Electoral designado por ellos mismos, quieren impedir que participemos”, inicia la denuncia.
“Hemos presentado un amparo para garantizar el proceso democrático en el Colegio de la Abogacía”, anuncia el texto que apunta a la conducción que tiene como presidente, Alejandro Canavesio, quien busca su reelección en la lista Celeste y Blanca. La petición la resolverá la integrante de la Cámara de Casación Penal, Marcela Davite.
La denuncia pública, expresadaen un comunicado, fue luego de que el Tribunal Electoral dictara una resoluciónpor la cual dejó afuera a candidatos dela nómina opositora para presidir la entidad.
El martes, la autoridadelectoral dictó una resolución en la que, esgrimiendo artilugios jurídicos injustificables,dejó afuera más de la mitad de las personas que integran la lista Azul yBlanca. Los opositores vieron allí “una obstinación en empañar un procesodemocrático y presentar una única lista para no competir con una verdaderaalternativa gremial”.
El Tribunal Electoral no tomócomo presentadas a dos listas de delegados, de Colón y Concordia, por habersepresentado fuera de hora. Una hora, aproximadamente, según los consultados. Porotro lado, hubo nombres que tenían errores de tipeo en el apellido, lo quehacía que el mismo no se encuentre en el registro de matriculados.
“Queremos ser parte del procesoelectoral, por lo que, en tiempo récord, colegas a lo largo y a lo ancho de laprovincia nos hemos comprometido y estamos dispuestos a trabajar en un Colegiode la Abogacía que defienda verdaderamente los intereses de los matriculados.Las artimañas legales son ridículas, antidemocráticas y alegan un formalismoinaudito que demuestra claramente falta de pluralismo y una actitud vergonzosapara quienes debieran garantizar la Democracia, siendo órgano de delegación delEstado”.
Desde la lista impugnada mostraron malestar, ya que en todo proceso electoral se suele dar 24 horas una vez finalizado el tiempo de presentación para corregir precisamente esos errores materiales.
“Más allá de estas embestidas,que muestran a las claras cómo se han manejado las autoridades de lainstitución estos dos años, nuestras convicciones sobre la defensa del realejercicio profesional de los colegas nos lleva a redoblar los esfuerzos paraque la Abogacía de Entre Ríos tenga una opción superadora a la hora de elegir,por lo que tuvimos que interponer un amparo solicitando se dejen sin efecto loscuestionamientos inconstitucionales que nos realizó el Tribunal Electoral, yque se suspendan las elecciones hasta tanto se nos permita ser parte delproceso electoral, ejerciendo nuestro derecho como matriculados”, concluyerondesde la lista Azul y Blanca.
La respuesta oficial
Tras conocerse la petición porparte de la lista opositora, desde el oficialismo emitieron un comunicado queen el que expresaron bregar “por un proceso democrático transparente en el quese respeten las reglas preestablecidas y se garantice la participación degénero”.
“En la lucha por un Colegio dela Abogacía abierto, más participativo y más federal se logró aprobar la leyque no sólo integra a las minorías sino también que brinda representatividad alos géneros. Por eso solicitamos a todos los espacios que cumplan en tiempo yforma con las presentaciones oficiales de listas”, dice el texto.
“Observamos seriasirregularidades en la lista opositora que motivaron una presentación formal de8 páginas ante el Tribunal Electoral. Somos un amplio grupo de profesionales comprometidos por un mejorfuncionamiento de la abogacía y creemos firmemente que todo proceso electoralde cualquier índole tiene su proceso impugnativo legítimo y que es un trámiteesperable en cualquier elección”, agregaron.
Además, también cuestionaron ala lista Azul y Blanca por dar “información incompleta, defectuosa y sesgada,victimizándose de sus propios errores”.
“Hay dos personas que no estánen el padrón, hay tres personas que no tienen los cinco años de matriculaciónexigidos por ley; hay seis personas queaceptaron el cargo de Delegado a la Junta de Delegados por su Sección y no alConsejo Directivo, son dos órganos distintos; y hay dos personas que aceptaroncargos distintos a los que fueron propuestos en la lista presentada”,explicaron ante la resolución.
La lista Azul y Blanca harecurrido al auxilio del Poder Judicial a través de un amparo. No es bueno quelas decisiones sobre selección de las autoridades de nuestro colegio de laabogacía sea tomada en el escritorio de los jueces.
No admitimos interferencias deintereses extraños a los de la abogacíaentrerriana para “poner o sacar” nuestras autoridades. Esto no es independenciani libertad”, se quejaron, y completaron: “Como abogados debemos aceptar quenuestros conocimientos sobre términos o plazos perentorios deben ser cumplidos;que nuestros propios actos nos obligan a tener una conducta congruente ocoherente en nuestra práctica profesional”.
Fuente: Página Judicial.
