
La agenda legislativa del oficialismo entra en una fase decisiva en el arranque del verano. El escenario quedó atravesado desde fines del año pasado con la sanción del Presupuesto 2026. Ahora la tensión se trasladó a esta nueva etapa, marcada por el reclamo de los gobernadores para que la Casa Rosada cumpla con sus promesas y, luego de pasar esa prueba, afrontar a letra chica por la reforma laboral. El temario para el período de extraordinarias todavía no fue definido, pero ahora los cálculos también giran en torno a la sombra persistente del conflicto en Venezuela. A una semana de la operación de Estados Unidos que derivó en la extracción de Nicolás Maduro del poder, el escenario político regional impactó de lleno en la dinámica interna de la Argentina y reconfiguró prioridades en el Congreso.
El interrogante central sigue siendo si el temario para el mes que viene y si el Gobierno lo amplía o lo acota. Durante diciembre, Javier Milei definió el período de extraordinarias entre el 10 y el 30, una ventana breve pero clave en la que el oficialismo consiguió la sanción del Presupuesto 2026 y dejó encaminado un dictamen de reforma laboral en el Senado. Sin embargo, el decreto para un nuevo período de extraordinarias aún no fue firmado.
En la Casa Rosada manejan una fecha tentativa: el 2 de febrero como inicio de un nuevo tramo legislativo. Allí, el foco estará puesto en continuar los hilos que dejó la aprobación del Presupuesto y, especialmente, en avanzar con la reforma laboral, un proyecto que el Gobierno considera estructural pero que requiere un delicado equilibrio político para reunir los votos necesarios.
El oficialismo cerró 2025 con una victoria política significativa. Milei inició su tercer año de mandato con un presupuesto aprobado por el Congreso, algo que no había logrado en su primer tramo de gestión. La votación fue holgada: 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Sin embargo, esa mayoría no está garantizada para el próximo desafío. La reforma laboral abre un escenario distinto, con resistencias más marcadas y negociaciones más complejas. Por eso, el Ejecutivo activó una estrategia política centrada en el diálogo directo con los gobernadores, clave tanto en Diputados como en el Senado. El encargado de esa tarea es Diego Santilli, ministro del Interior, quien comenzó el año recorriendo provincias con un mensaje claro: no hay fondos, pero sí gestos y compensaciones posibles.
La primera escala fue Chubut, donde Santilli se reunió con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, una de las figuras emergentes del PRO. El encuentro no se realizó en la capital provincial, sino en El Hoyo, una zona afectada por incendios forestales, lo que volvió a poner sobre la mesa la tensión entre las provincias patagónicas y la Nación por los fondos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. La “sábana corta” del presupuesto y la sobreventa de expectativas marcaron el clima político.
Torres escuchó, tomó nota y dejó definiciones medidas. Desde el gobierno chubutense reconocen disposición a respaldar parte de la reforma laboral, pero sin entrar en una confrontación abierta con los sindicatos. El gobernador patagónico también envió un mensaje hacia adentro del PRO: evitar nuevos conflictos que erosionen el capital político obtenido con la sanción del Presupuesto 2026. Esa cautela explica, en parte, la decisión del Gobierno nacional de correr los tiempos y abandonar la idea de una “guerra relámpago” legislativa.
Torres fue el primer paso de una recorrida más amplia que también busca recomponer la relación del Gobierno con el PRO, en un contexto de crisis del liderazgo de Mauricio Macri. Viejas figuras del macrismo reaparecen ahora como aliados del oficialismo libertario. Y Santilli emerge como uno de los intérpretes más fieles del discurso de Milei. Aun así, reconoce un límite claro: la última palabra no la tiene él, sino Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía. Sin recursos frescos, la negociación se apoya en gestos políticos, promesas de gestión y compensaciones indirectas. Uno de los ejemplos más claros de esa lógica se dio en Catamarca, con el gobernador Raúl Jalil. En la capital provincial, el mandatario recibió a ejecutivos de Glencore, uno de los gigantes mineros globales, que confirmaron avances para recuperar el yacimiento Bajo La Alumbrera bajo el paraguas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Jalil celebró en redes sociales la salida del Estado nacional de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio. Con el DNU firmado por Milei, Catamarca pasó a controlar el 60% del paquete accionario, mientras que el 40% restante quedó en manos de la Universidad Nacional de Tucumán.
En la Casa Rosada, la lectura es clara: comienzan a cumplirse compromisos asumidos durante la negociación del Presupuesto, y ese cumplimiento explica, en parte, los votos “de sobra” que tuvo el oficialismo en el Senado. El trasfondo de estas decisiones está directamente ligado a la reforma laboral. Los cambios propuestos impactan en el impuesto a las ganancias y, por ende, en la coparticipación, un tema sensible para las provincias. Por eso, la Nación espera gestos concretos: resignar parte de esos ingresos futuros a cambio de respaldo político.En ese esquema, Mendoza aparece como una provincia clave. El gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que está dispuesto a negociar, y su relación con el Gobierno nacional es vista como estratégica. Cornejo será uno de los próximos mandatarios en recibir a Santilli, que llegará a la provincia cuyana el jueves 15. A Leandro Zdero (Chaco) lo verá el próximo lunes y el martes se encontrará con el peronista Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa. El miércoles volverá a la Patagonia para recorrar la zonas afectadas por el incendio. Esta semana semana estuvo en Chubut y la próxima escala sería Río Negro. Se espera que también vea al macrista Rogelio Frigerio (Entre Ríos). En Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo también lo espera, pero todavía no hay fecha confirmada. La estrategia oficial apunta a no depender de mayorías ajustadas, sino a consolidar números amplios como los logrados con el Presupuesto. Sin embargo, la reforma laboral muestra fisuras: el propio oficialismo debió postergar su tratamiento y admitir que la negociación sigue abierta. Otra provincia central es Salta, gobernada por Gustavo Sáenz, una de las más beneficiadas por aportes del Tesoro Nacional junto con Tucumán. Sáenz aportó votos clave en el Senado, entre ellos el de Flavia Royón, exsecretaria de Energía.
En la Patagonia, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, espera a Santilli con una agenda cargada. Vaca Muerta y el impacto regional del petróleo venezolano son temas centrales, junto con un reclamo concreto: el estado de las rutas. La Nación no financia obras, pero ofrece compensaciones si las provincias se hacen cargo, una fórmula que ya generó tensiones con Torres en Chubut.





